La fiscal Begoña García Boró ha defendido este lunes el informe final del Ministerio Público en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve trabajadores y extrabajadores de la Diputación de Badajoz, por la creación en 2017 de la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios. La fiscalía solicita la absolución de todos los acusados al considerar que no se han acreditado los delitos que se les imputan.

Durante su intervención, la representante de la Fiscalía ha mostrado su oposición al nuevo escrito presentado por las acusaciones populares, que el pasado jueves elevaron las penas solicitadas hasta seis años de prisión para David Sánchez y cuatro para Miguel Ángel Gallardo. García Boró cuestionado tanto el contenido como la forma de este documento, al entender que introduce hechos nuevos y valoraciones jurídicas sin ajustarse a la obligación legal de concretar los hechos de manera precisa.

Según ha expuesto García Boró, el Ministerio Público concluye que, tras analizar la instrucción, los datos objetivos y las pruebas practicadas en el juicio, no ha quedado acreditada la concurrencia de los tipos penales. "Ninguna prueba de las que se han visto en sala desvirtúa la presunción de inocencia", ha afirmado.

La fiscal también ha criticado lo que considera una evolución irregular del planteamiento de las acusaciones, señalando que estas han ido modificando el perímetro de responsabilidades hasta introducir cambios subjetivos que, según ha recordado, no son admisibles conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo.

Asimismo, ha denunciado un posible "fraude procesal" por parte de las acusaciones populares, al entender que no han cumplido con su obligación de formular escritos claros, estructurados y con hechos numerados, presentando en su lugar un documento extenso, con nuevas calificaciones y sin determinación explícita de los hechos.

No se sabe quién impulsó la plaza

En cuanto al fondo del asunto, la contratación de David Sánchez, García Boró recuerda que, según las acusaciones, Miguel Ángel Gallardo, Cristina Núñez y Elisa Moriano habrían impulsado la plaza con el objetivo de que fuera para el hermano del presidente. Sin embargo, la fiscal considera que "se desconocen las personas que determinaron la creación de este puesto".

"El Ministerio Fiscal solo puede afirmar que este puesto de trabajo ya existía", ha dicho, y "venía siendo ejercido hasta 2010 que estaba ocupado por Emilio González Barroso" que, según ha señalado García Boró, es "un insigne músico de la ciudad de Badajoz". Según ha apreciado en hemeroteca, "era el coordinador de las actividades de los conservatorios" y tras su jubilación, "ese puesto fue ocupado por profesores fuera del horario laboral, incluso en fines de semana". 

La documentación administrativa acredita la formalización del puesto el 17 de octubre de 2016, con memoria justificativa, descripción de funciones, ficha técnica y dotación económica, con el visto bueno de los responsables políticos y sin objeciones por parte de los órganos de control, ha señalado. Concretamente, "ni el interventor general ni el secretario manifestaron reparos de legalidad en ningún momento". Tampoco hubo objeciones en el pleno de la Diputación de Badajoz, que aprobó la creación del puesto sin oposición, ha añadido. 

Acusaciones basadas en "conjeturas"

En su análisis jurídico, García Boró ha insistido en que las acusaciones se basan en "conjeturas" y no en "pruebas ciertas". En relación con el delito de tráfico de influencias, indica que no se ha acreditado ningún acto de presión moral o influencia capaz de condicionar una decisión administrativa, requisito imprescindible para que concurra este tipo penal.

Finalmente, la fiscal ha destacado que el procedimiento se desarrolló conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad, sin advertencias de ilegalidad. Por ello, "este tribunal ha denotado que debe proceder a la absolución", ha reiterado la fiscal.