La Policía Nacional investiga una presunta estafa de 410.000 euros sufrida por un hombre de 75 años en Badajoz a través de falsas inversiones en criptomonedas y supuestos servicios jurídicos para recuperar el dinero perdido. La investigación, enmarcada en la denominada operación "Stakeface", ha permitido identificar seis empresas presuntamente vinculadas al entramado y solicitar el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima en la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. Según relató, accedió por Internet a anuncios relacionados con inversiones en empresas extranjeras y criptomonedas y comenzó a mantener contacto telefónico con personas que se presentaban como gestores de dos supuestas compañías de inversión, JHI y TRUIST.

Los presuntos estafadores lograron ganarse su confianza y convencerle de la supuesta rentabilidad de las operaciones, llegando a realizar transferencias por un importe total de 350.000 euros. Durante el proceso, los autores llegaron incluso a acceder de forma remota al ordenador de la víctima para ayudarle a abrir cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, reforzando así la apariencia de legalidad de la inversión.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que los números de teléfono utilizados estaban asociados a identidades ficticias y que las empresas no figuraban como entidades autorizadas para ofrecer servicios de inversión. Además, el uso de criptomonedas dificultó el seguimiento del dinero.

Los agentes del Grupo II de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de Badajoz recurrieron a herramientas de análisis forense especializadas para rastrear las transacciones y localizar las entidades financieras utilizadas por la organización. 

Segunda estafa con abogados ficticios

Cuando el afectado descubrió que no podía recuperar el dinero invertido, volvió a ser objetivo de la misma trama. En esta ocasión, contactaron con él haciéndose pasar por representantes de dos supuestos despachos de abogados que prometían recuperar los fondos estafados. Por estos servicios llegó a abonar cerca de 60.000 euros más. Los investigadores sospechan que estos falsos bufetes formaban parte del mismo entramado criminal, que aprovechó el control remoto sobre el ordenador de la víctima para dirigir determinadas búsquedas en Internet y dotar de credibilidad a las empresas y profesionales con los que contactaba.

Durante las investigaciones, los agentes analizaron varias cuentas bancarias relacionadas con la estafa y comprobaron que una cuenta española y otra extranjera figuraban a nombre de una misma persona residente en la provincia de Barcelona. Sin embargo, las gestiones realizadas junto a los Mossos d'Esquadra permitieron determinar que esta persona también había denunciado hechos similares, por lo que podría tratarse igualmente de otra víctima.

La Policía Nacional ha identificado seis sociedades de interés para la investigación: dos con sede en Reino Unido, dos en Rumanía, una en Italia y otra en Hungría. Todas ellas han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial como personas jurídicas investigadas por su presunta relación con delitos de estafa y blanqueo de capitales. Ante el carácter internacional del caso, los agentes solicitaron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Badajoz la emisión de seis Órdenes Europeas de Investigación para avanzar en las diligencias y tratar de recuperar parte del dinero defraudado.

La investigación continúa abierta y la Policía no descarta la aparición de nuevas sociedades relacionadas con la trama ni la existencia de más personas perjudicadas por este supuesto entramado internacional de estafas.