El choque por la vivienda ha llegado hoy al pleno de la Asamblea de Extremadura. La diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto, ha reclamado este jueves medidas concretas para proteger a las familias cuyos contratos de alquiler finalizarán en los próximos meses. Según ha expuesto, en Extremadura hay 30.630 contratos de arrendamiento que vencen antes del 31 de diciembre de 2028, una situación que obligará a miles de hogares a enfrentarse a un mercado inmobiliario marcado por el encarecimiento de los precios.

Durante su intervención, Soto ha alertado del incremento del coste del alquiler en la comunidad desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta. Según los datos aportados por la diputada, el precio ha pasado de 6,3 a 7,7 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida superior al 22 por ciento. En una vivienda de 80 metros cuadrados, afirmó, ese aumento se traduce en unos 112 euros más al mes y más de 1.300 euros al año.

La parlamentaria de Unidas por Extremadura sostiene además que el problema afecta a distintos puntos de la región y no solo a grandes ciudades. En este sentido, ha señalado que la subida de los alquileres alcanza el 7 por ciento en la provincia de Badajoz y el 4,5 por ciento en la de Cáceres.

Soto ha defendido que esta evolución de los precios se está produciendo pese a medidas impulsadas por el Gobierno central, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones. A su juicio, gran parte de esas mejoras económicas terminan siendo absorbidas por el aumento del coste de la vivienda.

Propuestas de Unidas por Extremadura

La diputada ha criticado la "inacción" de la Junta en materia de alquiler y ha recordado que la comunidad autónoma dispone de amplias competencias en vivienda. Entre las propuestas planteadas ha destacado la ampliación del parque público de vivienda en alquiler, la adquisición y rehabilitación de inmuebles, la movilización de viviendas vacías y el desarrollo de programas propios de arrendamiento. 

Además, ha reclamado al Ejecutivo regional que estudie la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios donde se cumplan los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda. También ha pedido que se analicen y hagan públicos los datos sobre la evolución de los precios y el esfuerzo económico que realizan las familias para acceder a una vivienda.

Los precios suben por las "políticas fallidas" del Gobierno

Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha rechazado las críticas de Unidas por Extremadura y ha responsabilizado al Gobierno de España de la subida de los alquileres. "De quien hay que proteger a las familias extremeñas es de ustedes", ha respondido, al tiempo que ha asegurado que el aumento de los precios se está produciendo en todo el país.

Ramírez ha defendido que el problema de la vivienda es complejo y ha acusado al Gobierno de impulsar "políticas fallidas" que han agravado el problema. "Con ustedes en el Gobierno han subido los precios del alquiler y, además, nada más anunciar los dos decretazos, 4.300 viviendas menos en el mercado del alquiler. Los propietarios les tienen más miedo que a un nublado, por eso sube el precio del alquiler y por eso hay cada vez menos vivienda disponible", ha sentenciado Ramírez. 

Por otra parte, el consejero ha reivindicado las actuaciones puestas en marcha por la Junta de Extremadura, entre ellas el incremento de ayudas, el aumento de la oferta de vivienda y las medidas incluidas en el Plan de Vivienda de Extremadura. 

Según ha apuntado, se trata del programa "más ambicioso de la historia" de la región para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias. Por contra, ha añadido el consejero, el balance de Unidas por Extremadura en materia de vivienda es un "balance desastroso". "Ustedes son cómplices del Gobierno que ha agravado el problema y que pretende conseguir de candidato lo que no ha sido capaz de conseguir en ocho años", ha concluido.