Varios componentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ciudad Real, dentro de la denominada operación 'QUACKERS', han investigado a tres personas vinculadas a una trama en la que usurpaban la identidad de una persona para falsificar certificados sanitarios para el transporte de piezas de caza abatidas en cacerías en las provincias de Cáceres Ciudad Real y Albacete.

Lo hacían presuntamente hasta una sala de despiece, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén, donde realizaban su elaboración y posterior venta al consumidor.

Una investigación iniciada tras una denuncia

Tras interponer denuncia la víctima en el mes de marzo del año en curso, por la suplantación de identidad, se inició una investigación para esclarecer un supuesto delito de usurpación de estado civil y falsificación documental. Estas irregularidades servían para amparar el registro sanitario y el transporte de piezas de caza menor desde diversas fincas de las provincias reseñadas hasta la sala de tratamiento, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la investigación se recogieron diversa documentación en la sala de tratamiento, al objeto de poder comprobar la veracidad de lo denunciado por la víctima, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una práctica habitual en las instalaciones

Se comprobó que los investigados usurpaban la identidad de la víctima, la cual poseía la formación adecuada para dar legalidad al transporte de las piezas de caza abatidas, certificando la seguridad alimentaria de las mismas.

Las declaraciones de los testigos evidenciaron que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual en estas instalaciones. El objetivo era obtener un blindaje legal para la primera inspección sanitaria y el transporte de las piezas de caza menor hacia el recinto, donde posteriormente eran procesadas y puestas a la venta al consumidor.

Con todo esto, no sólo se incurría en delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que se comprometía la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, al impedir la detección de patologías antes de su comercialización, esta práctica supone un riesgo para la salud pública.

Durante el mes de abril y una vez que se tuvieron todas las pruebas suficientes se procedió a la investigación de tres personas como presuntos autores por la comisión de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.

Las Diligencias Policiales instruidas al efecto han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de La Carolina (Jaén).