UGT Servicios Públicos de Extremadura ha pedido al Gobierno de España que apruebe antes de final de año la subida salarial prevista para los empleados públicos, con el objetivo de garantizar su aplicación independientemente del resultado de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El secretario general de la federación, Manuel Fernández Colomo, ha recordado que el incremento retributivo forma parte del acuerdo firmado en noviembre de 2025 entre UGT, CCOO, CSIF y el Gobierno, con vigencia hasta 2028.

Según ha explicado, dicho acuerdo contempla para 2027 una subida salarial del 4,5%, a la que se sumará otro 0,5% adicional vinculado a la evolución del IPC y que se abonará con carácter retroactivo cuando se conozcan los datos definitivos. Fernández Colomo ha señalado que la convocatoria electoral ha generado incertidumbre entre los trabajadores públicos ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno no esté constituido el 1 de enero.

Por ello, ha destacado el compromiso adquirido por el Ministerio durante la comisión de seguimiento del acuerdo para garantizar que la subida se aplique a todos los empleados públicos del país. "Lo único que le pedimos es que lo apruebe en el Consejo de Ministros antes del 24 de diciembre para que pueda aprobarse el real decreto y sea efectivo independientemente del resultado electoral", ha afirmado.

La Junta ya la incluye en los Presupuestos

El responsable sindical también ha valorado positivamente que la Junta de Extremadura haya incorporado la subida salarial en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027. Asimismo, ha pedido al resto de administraciones públicas extremeñas, especialmente ayuntamientos y diputaciones, que hagan lo mismo para garantizar el cumplimiento del acuerdo. "Es un acuerdo que obliga al conjunto de las administraciones públicas", ha señalado.

Según los cálculos de UGT, la medida afectará a unos 93.000 empleados públicos en la región, entre los aproximadamente 59.000 trabajadores de la Junta de Extremadura, los 16.000 empleados de las administraciones locales y los cerca de 18.000 trabajadores de la Administración General del Estado en la comunidad.