Arranca la primera semana de trabajo del nuevo Gobierno de PP y Vox. Ambos partidos defienden que el nuevo gabinete garantizará los servicios públicos y continuará trabajando por el crecimiento económico de la región. Por su parte, PSOE y Unidas por Extremadura advierten de un Ejecutivo que, a su juicio, será ineficaz y dará la espalda a los extremeños más dependientes del estado del bienestar.

Desde el Partido Popular, su portavoz regional, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE que abandone lo que considera un intento de “inculcar miedo a los extremeños” en relación con el pacto de Gobierno. Ha defendido que el acuerdo se cumplirá respetando “escrupulosamente” la ley y ha asegurado que el comité jurídico anunciado por los socialistas para fiscalizarlo “nace muerto” porque no habrá nada que controlar. 

Sánchez Juliá ha acusado además al nuevo secretario general del PSOE extremeño de fomentar la confrontación política y ha cuestionado el silencio socialista ante las declaraciones judiciales del caso mascarillas. Frente a las críticas, ha subrayado la buena acogida del nuevo Consejo de Gobierno, destacando la trayectoria y vocación de servicio público de sus miembros, así como el liderazgo de la presidenta de la Junta y la apuesta del Ejecutivo por la estabilidad y el crecimiento de Extremadura.

En la misma línea, Vox ha defendido la solidez del nuevo Ejecutivo. El dirigente Ángel Pelayo Gordillo ha afirmado que Extremadura cuenta ya con un Gobierno plenamente constituido y que los consejeros de Vox están trabajando desde el primer momento para impulsar “un cambio real” en la región. Según ha señalado, la “agenda del cambio” ya está en marcha y el acuerdo de Gobierno se cumplirá “punto por punto y palabra por palabra”, con el objetivo de mejorar la vida de todos los extremeños.

En el lado contrario, el PSOE de Extremadura ha denunciado el “sobredimensionamiento injustificado” del nuevo Ejecutivo, al considerar que su estructura supondrá un mayor coste para la ciudadanía y responde a un reparto de poder entre PP y Vox. Su portavoz, Manuel Andrés González Andrade, ha criticado el aumento de consejerías y altos cargos, así como la asignación de competencias en áreas como juventud, cooperación o migración, que, a su juicio, quedan condicionadas por políticas de extrema derecha. Además, ha alertado de un bloqueo político, de la reducción del control parlamentario y de una situación económica preocupante, advirtiendo de que el Gobierno será “inoperativo e ineficaz” si no comienza a trabajar de inmediato.

También Unidas por Extremadura ha mostrado un rechazo frontal al nuevo Ejecutivo. Su portavoz, Irene de Miguel, ha calificado de “acuerdo vergonzoso” el pacto entre PP y Vox, especialmente por la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí, que considera una herramienta clave para la integración de menores migrantes. De Miguel ha denunciado una “obsesión” de Vox con la migración y ha criticado la estructura del Gobierno regional, señalando las escasas competencias de la Vicepresidencia de Vox y el aumento de altos cargos, lo que, a su juicio, contradice los mensajes de austeridad y convierte al Ejecutivo en un “fraude absoluto” que no prioriza a los colectivos más vulnerables