La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado indicios de intermediación irregular en la adjudicación del tramo ferroviario San Rafael – Cuarto de la Jara, del acceso de alta velocidad a Mérida. El contrato, licitado bajo el expediente «LA JARA», fue adjudicado definitivamente en julio de 2019 por 28.271.088,80 euros a la UTE Construcciones Sevilla Nevado, AZVI. Según el informe policial, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Cristian Abel Corvillo maniobraron de forma coordinada con altos cargos de Transportes y ADIF, presidida entonces por Isabel Pardo de Vera para dirigir la obra hacia la citada constructora.

Contactos previos y discreción telefónica

Las pesquisas reconstruyen cómo Pardo de Vera adelantó a García por WhatsApp los datos de esta licitación semanas antes de su anuncio oficial en noviembre de 2018. Tras confirmarle Corvillo que la mercantil de su interés era AZVI, a la que denominaban en clave «Empresa del martes», ambos mantuvieron encuentros urgentes en Madrid tras coincidir en una cena en Sevilla con el ministro José Luis Ábalos. Cuando el empresario mostró inquietud tras acudir al Ministerio, García cortó cualquier rastro escrito advirtiendo: «Por teléfono de eso no», evidenciando que los asuntos sensibles se trataban únicamente en persona.

Euforia tras el cambio de pliegos

Uno de los momentos críticos ocurrió el 12 de diciembre de 2018, cuando ADIF modificó oficialmente los pliegos de la obra para aplazar la entrega de ofertas, coincidiendo con una nueva reunión entre ambos investigados y provocando mensajes de euforia de García como «Te voy a solucionar la vida» o «Vas a flipar». Tras repetirse las citas en el Ministerio el 17 de julio de 2019, un día antes de aprobarse la adjudicación, la Guardia Civil da por acreditada la operativa para favorecer a AZVI. Además de señalar a los administradores de las empresas ganadoras, la UCO rastrea posibles contraprestaciones mediante requerimientos sobre contrataciones a Erikapat Consultoría Internacional S.L., propiedad de Patricia Uriz, esposa de Koldo García.

Por tanto, uno de los contratos del AVE Madrid-Extremadura se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción dentro del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Por ello, la Fiscalía solicita a la Audiencia que ordene la entrega inmediata de toda la documentación física y digital referente a este expediente, requiriendo directamente a ADIF Alta Velocidad, a Construcciones Sevilla Nevado S.A. y a AZVI S.A.