La asociación Ecologistas Extremadura ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la orden del Gobierno central que autoriza la continuidad de los dos reactores de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La organización considera que esta decisión prolonga de forma innecesaria un modelo energético que, a su juicio, debería ser sustituido progresivamente por energías renovables, almacenamiento y generación distribuida.

En el recurso, los ecologistas sostienen que la prórroga contradice el calendario de cierre previamente fijado para la planta, que contemplaba el cese de actividad de la Unidad I en noviembre de 2027 y de la Unidad II en octubre de 2028. Asimismo, cuestionan la conveniencia de extender la vida útil de la instalación más allá de los plazos inicialmente previstos.

Alertan del impacto sobre la transición energética

La organización advierte además del denominado "efecto tapón" que, a su juicio, puede provocar la permanencia de una gran central de generación de base dentro del sistema eléctrico. Según sostiene, esta situación podría dificultar la incorporación de nueva capacidad de generación renovable, considerada necesaria para avanzar en el proceso de transición energética.

Asimismo, Ecologistas Extremadura reclama que se evalúe adecuadamente el incremento de residuos radiactivos y de combustible gastado derivado de la ampliación de la actividad de la central. También critica que la autorización se haya concedido sin una nueva evaluación ambiental acumulativa sobre el periodo adicional de funcionamiento.

Críticas a la Junta por el autoconsumo y la fiscalidad

Por otro lado, la asociación considera contradictorio que la Junta de Extremadura apoye la continuidad de Almaraz mientras, en su opinión, no impulsa con suficiente ambición el autoconsumo solar en edificios públicos. En este sentido, recuerda que centros educativos, sanitarios y administrativos disponen de condiciones favorables para aprovechar la energía fotovoltaica durante las horas de mayor producción.

En el ámbito fiscal, Ecologistas Extremadura califica de especialmente grave la reducción progresiva de hasta un 50 % del impuesto autonómico que pagan las empresas propietarias de la central. La organización sostiene que esta rebaja supondrá dejar de ingresar decenas de millones de euros que podrían destinarse, según argumenta, a servicios públicos, transición energética y desarrollo sostenible.

Llamamiento a la ciudadanía

Finalmente, la entidad recuerda que la central nuclear es propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, cuyas sedes sociales se encuentran fuera de Extremadura, y plantea interrogantes sobre las iniciativas destinadas a atraer esos centros societarios a la región. Además, ha animado a la ciudadanía a presentar recursos contra la prórroga de la central y a reflexionar sobre su relación como consumidores con las compañías propietarias de la instalación.