Nueva polémica entre el Gobierno y la judicatura tras las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien ha asegurado que "hay jueces que prevarican". El ministro ha advertido que "la Justicia no gobierna", sino que lo hace el Gobierno, que "actúa siempre contra la corrupción" pero no se dejará "atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde". Unas palabras que, realizadas en el contexto de la condena del exfiscal general del Estado, han generado una fuerte reacción en el ámbito judicial.

Las afirmaciones del ministro no han sentado bien entre los jueces, que han mostrado su preocupación por el impacto de este tipo de mensajes en la confianza ciudadana en la Justicia. 

Obligación constitucional

Aunque la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha evitado valorar directamente las declaraciones, sí ha querido recordar los principios que rigen la labor judicial. "Diré solo y exclusivamente que pertenezco a la carrera judicial y que a los jueces solo nos guía lo que es nuestra obligación constitucional", ha señalado.

"Una rabieta del Gobierno"

También las asociaciones de jueces en Extremadura se han manifestado. Desde la 'Francisco de Vitoria' hablan de rabieta del Gobierno, le acusan de querer "fagocitarlo todo" e instan al ministro a que denuncie y no sólo acuse. Su portavoz, Raimundo Prado, ha calificado las palabras del ministro de "irresponsabilidad" y ha criticado lo que consideran una estrategia del Gobierno. "Se cogen rabietas o a lo mejor quieren hacer estrategia de manera sibilina. Insisto, lo que ha dicho este señor es una irresponsabilidad", ha afirmado. Además, desde este colectivo instan al ministro a actuar si dispone de pruebas que respalden sus afirmaciones. "Si cree que es así, que denuncie, que diga nombre y que presente pruebas", ha reclamado Prado.

Las asociaciones de jueces han hecho también un llamamiento a la prudencia institucional, alertando de que este tipo de declaraciones pueden contribuir a erosionar la confianza pública en el Poder Judicial y a tensar aún más las relaciones entre los distintos poderes del Estado.