El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se muestra este jueves tranquilo ante el anuncio de acciones legales por parte del Ejecutivo regional por la llegada de menores migrantes no acompañados.

Quintana ha explicado que la gestión responde al modelo vigente, en el que el Estado atiende a los mayores de edad mientras que la acogida de menores corresponde a las comunidades autónomas, “como hasta ahora había hecho Extremadura y sin problema”. En este sentido, ha subrayado la necesidad de “ayudar a esas personas que vienen”, defendiendo la actuación institucional.

Además, ha criticado el origen del conflicto y ha considerado que responde a una estrategia política: ha señalado que se trata de “una estrategia de insolidaridad por parte de VOX”, en alusión a la coincidencia de este debate en otros territorios.

Ofensiva jurídica de la Junta

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha comparecido tras el pleno de la Asamblea para denunciar lo que califica como una “gravísima situación” derivada de la política migratoria del Gobierno central. En su intervención, ha anunciado una ofensiva jurídica y judicial contra el reparto obligatorio de menores.

Fernández ha afirmado que el Ejecutivo autonómico actuará “con tranquilidad, pero con firmeza” y ha garantizado que no será “cómplice del engaño” que, a su juicio, ha sufrido la sociedad extremeña durante años. Asimismo, ha añadido que “vamos a luchar para que esto no se produzca desde la ley y con la ley”.

El cruce de declaraciones evidencia el choque institucional entre ambas administraciones en torno a la política migratoria y el reparto de menores.