La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Admnistraciones de Loterías (ANAPAL) ha puesto en marcha la campaña "Sin Loteros no hay Lotería". Con ella, el principal colectivo de administraciones de lotería quiere alertar de que el 15 % de esos establecimientos en nuestro país ya no son rentables. Y buena parte de ellas son las de lo que se conoce como La España vaciada. En Canal Extremadura, el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz, ha asegurado que los costes a los que tienen que hacer frente son cada vez más altos: nómina, cuota de autónomo, alquiler del local, agua o luz. Cada lotero necesita vender 62.000 euros al mes de lotería para cubrir esos costes.

En los últimos años ese gasto ha crecido de forma exponencial: cada vez tienen que trabajar más para cubrirlo. En España hay unas 4.200 administraciones de Lotería. Al menos 1.800 de ellas han reducido sus resultados de ventas o están estancadas. Y de ellas, 630 que se ubican en localidades de pequeño tamaño ya no son rentables. No consiguen una retribución suficiente. Y teniendo en cuenta que lo que en ellas se vende más es -de largo- (más de la mitad del total) Lotería de Navidad, que está comisionada un punto y medio por debajo del resto de sorteos: 4,5 %, frente al 6 % del global, asegura que la situación es insostenible.

Negocios en peligro

Las administraciones que se encuentran en ese escenario, por tanto, ven peligrar su continuidad. No sólo existe un claro riesgo de cierre, sino que además ven comprometida su supervivencia. En un pueblo de 2.000 habitantes, llegar a los 62.000 euros mensuales de facturación que se marca como mínimo significa que cada vecino, tenga la edad que tenga, invierta de media en juegos 31 euros al mes. Muñiz aboga por actualizar el modelo económico vigente de gestión de esos puntos de venta, que tiene ya 20 años. Es necesario -añade- revisar las condiciones económicas cada cierto tiempo.

La irrupción del mercado digital también les afecta; es un balón de oxígeno para las administraciones, pero se quejan de que Loterías del Estado lo limita mucho. La negativa de ese organismo a introducir las modificaciones que reclaman tiene como principal argumento que "no es el momento"; explicaciones a las que el sector no da mucha credibilidad. Frente a esa postura, se declaran partidarios de negociar para intentar llegar a algún acuerdo satisfactorio.