La polémica por el reparto de menores extranjeros no acompañados continúa enfrentando a la Delegación del Gobierno en Extremadura y a la Junta de Extremadura. Ambas administraciones mantienen posiciones opuestas sobre la capacidad de acogida de la comunidad autónoma y sobre la aplicación del sistema de distribución de menores migrantes impulsado por el Gobierno central.

Desde la Delegación del Gobierno, José Luis Quintana ha defendido que Extremadura dispone de recursos suficientes para asumir la llegada de nuevos menores migrantes. Según ha asegurado, la región cuenta con 364 plazas, de las que actualmente estarían ocupadas 107, por lo que ha exigido al Ejecutivo regional que cumpla la ley. Además, ha reprochado al PP y a Vox que, a su juicio, criminalicen a estos menores y hagan política con ellos.

La Junta niega las cifras y habla de saturación

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, ha cuestionado los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno. En este sentido, ha afirmado que "todo lo que venga del delegado del Gobierno hay que cogerlo con pinzas, porque habitualmente es una persona que miente, mintió en su curriculum, ha mentido también dando una cifra de menores que no son reales".

El responsable autonómico ha asegurado que las cifras son distintas y ha advertido de que "el sistema está a punto de colapsar". Según ha detallado, actualmente hay 115 menores extranjeros no acompañados tutelados por la Junta de Extremadura y únicamente existen 12 plazas disponibles para menores, sin distinción de nacionalidad.

Asimismo, ha recalcado que esas plazas están destinadas al conjunto del sistema de protección de menores y no específicamente a menores migrantes no acompañados. "No contemplamos la ampliación de plazas que vayan a menores no acompañados", ha añadido.

Rechazo al reparto obligatorio

Óscar Fernández  también ha vinculado el rechazo de la Junta a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha manifestado que aceptar nuevas plazas supondría "contribuir y ser partícipe de esta nefasta política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez".

Además, ha reiterado que la Junta no acudirá a ninguna conferencia que aborde el reparto de lo que considera "prescindible y que se podría haber evitado, que es la inmigración ilegal masiva". A su juicio, el Ejecutivo central "fomenta y ampara" esta situación.

El vicepresidente ha recordado igualmente que el reparto de menores realizado hace más de un año tenía carácter voluntario y fue aceptado por distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y esto provocó que Vox saliera de esos gobiernos. Según ha explicado, la situación actual es distinta porque la distribución tiene carácter obligatorio.

Por ello, ha asegurado que la Junta se opondrá "por tierra, mar y aire" y utilizará "todos los medios político y administrativos e incluso jurídicos, siempre dentro de la ley" para impedir que el reparto afecte a Extremadura.

Advertencia desde Ceuta

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de las posibles consecuencias legales para las comunidades autónomas que rechacen la acogida de menores migrantes procedentes de la ciudad autónoma.

En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, ha señalado que si las comunidades se niegan a recibir a estos menores, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". Asimismo, ha subrayado que "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse".

La controversia se produce en un momento de creciente tensión institucional por el sistema de distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas, un debate que se ha intensificado tras la llegada de más de 800 menores extranjeros no acompañados a Ceuta, en un contexto de fuerte presión migratoria sobre la ciudad autónoma. La situación enfrenta al Gobierno de España y a varios ejecutivos regionales sobre la capacidad de acogida y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de menores. 

En paralelo, el Gobierno de España ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de los menores no acompañados en Ceuta, con el objetivo de reforzar los recursos asistenciales y la capacidad de acogida de la ciudad autónoma.