Un día después de conocer el fallo de la Audiencia de Badajoz, la pregunta es qué ocurrirá con los militantes que han sido condenados. Los estatutos del Partido Socialista establecen que se perderá la condición de afiliado al ser condenado por la comisión de un delito doloso con pena de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público mediante sentencia judicial, sin especificar si esta tiene que ser firme o no.

El portavoz del PSOE Extremadura, Manuel José González Andrade, confía en que "ellos van a actuar con responsabilidad, seguro, y en consecuencia, según las normas internas de este partido, que se están estudiando. Y se hablará con ellos indudablemente y ya veremos qué decisión se toma".

El Código Ético y de Conducta del PSOE establece que será la Comisión Federal de Ética y Garantías la que decida si la militancia y el ejercicio del cargo son compatibles con procesos judiciales, sobre todo si se presume que hay motivaciones políticas detrás. Una “cláusula antilawfare” que se introdujo en el último Congreso Federal y que permitió a Miguel Ángel Gallardo ser diputado y secretario general estando imputado.

González Andrade señala: "A quien dice que es un caso de lawfare, nosotros no nos hemos pronunciado al respecto ni lo vamos a hacer de momento y, en ese sentido, no tendrían que dejar la militancia".

El grupo municipal pide esperar a una sentencia firme

Sin embargo, en el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Badajoz aseguran que no tomarán medidas hasta que no haya sentencia firme.

Silvia González, portavoz del Grupo Municipal Socialista, destaca que "la sentencia no es firme, que contra esa sentencia se puede y van a presentar recurso. Entonces, habrá que esperar a que la sentencia sea firme y es entonces cuando esa sentencia se aplica, se implementa. Mientras, no podemos ni debemos tomar ninguna medida al respecto".

Aun así, explican, lo estudiarán con los equipos jurídicos del partido y reiteran su respeto por la sentencia, aunque no les guste.