El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida ha condenado al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros por vulnerar derechos fundamentales de una agente de la Policía Local, según ha informado la sección sindical en el municipio del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Extremadura (SPPME Extremadura).

La organización sindical ha hecho pública la resolución, correspondiente a la sentencia 61/2026. Según el comunicado del SPPME, el fallo anula la actuación administrativa municipal al considerar vulnerados derechos de la trabajadora durante una situación que se habría prolongado durante años.

En concreto, y siempre según la información facilitada por el sindicato, la resolución aprecia la vulneración de los derechos a la dignidad e integridad física y moral; igualdad y no discriminación; intimidad, honor, propia imagen y protección de datos; y libertad personal.

El sindicato critica la falta de investigación

El SPPME Extremadura ha criticado la actuación seguida por el Ayuntamiento y considera que la Administración municipal "miró hacia otro lado". En este sentido, el sindicato sostiene que no se llevó a cabo una investigación efectiva ni se practicó la actividad probatoria necesaria. La organización añade que tampoco fueron atendidas adecuadamente las solicitudes previas de auxilio y amparo efectuadas en favor de la agente por sus representantes sindicales.

Como consecuencia de la sentencia, siempre de acuerdo con el comunicado sindical, el Ayuntamiento deberá retrotraer el procedimiento al momento anterior a la resolución administrativa que ha sido anulada.

El SPPME pide depurar responsabilidades

Tras conocer el pronunciamiento judicial, el sindicato reclama al equipo de gobierno municipal el cumplimiento de la sentencia y la reapertura del procedimiento.

Asimismo, exige que se lleve a cabo una investigación "real, objetiva, imparcial y transparente" y que se depuren las responsabilidades que puedan corresponder por la gestión administrativa desarrollada hasta ahora. Finalmente, el SPPME Extremadura ha asegurado que permanecerá vigilante para garantizar la protección institucional de la agente y evitar que el pronunciamiento judicial pueda derivar en nuevos episodios de "escarnio, humillación u ofensa" hacia la afectada.