La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Local de Badajoz, ha instruido diligencias como investigados a ocho vecinos de la capital pacense por su presunta implicación en el robo continuado de fruta en explotaciones agrícolas. Asimismo, la propietaria de una frutería de Badajoz está siendo investigada por un supuesto delito de receptación, al adquirir parte del género sustraído para su venta al público a sabiendas de su procedencia ilícita.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por los encargados de cuatro explotaciones agrícolas situadas en Badajoz y Novelda del Guadiana. Según los denunciantes, los robos se venían sucediendo desde el pasado mes de julio, afectando a grandes cantidades de platerinas, melocotones rojos, ciruelas, uvas, paraguayos y nectarinas. Entre el género sustraído se encontraban variedades exclusivas de un cultivo experimental, un factor que resultó determinante para el avance de las pesquisas al ser piezas claramente identificables.

Venta ilegal en mercadillos y comercios

Los autores vigilaban los campos para aprovechar la ausencia de trabajadores y encargados. Una vez dentro de las fincas, recolectaban la fruta para posteriormente distribuirla de manera clandestina en mercadillos, barriadas pacenses y establecimientos comerciales. Los agentes lograron intervenir numerosas cajas y bolsas de fruta expuestas a la venta ilegal cuyos responsables no pudieron acreditar su procedencia legítima. Parte de estos productos correspondía precisamente a la variedad exclusiva del campo de ensayo afectado. De forma paralela, las inspecciones en comercios permitieron localizar otro lote de fruta robada en una frutería local.

Destrucción del género por riesgo sanitario

El Área de Salud de la Consejería de Badajoz ha resuelto la destrucción total de la fruta intervenida, al adolecer de defectos graves que impedían su comercialización y consumo seguro. Las fuerzas de seguridad han emitido una recomendación urgente a los ciudadanos para que eviten la compra de alimentos en puestos de venta ambulante clandestinos, ya que carecen de garantías sanitarias y pueden suponer un riesgo directo para la salud.