El Ministerio de Sanidad ha convocado para este miércoles un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que trasladará a las comunidades autónomas, por correo electrónico, el proyecto de real decreto que regula la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo y el funcionamiento de los comités clínicos que intervienen en determinados supuestos por causas médicas.

Según han señalado fuentes ministeriales, la reunión tendrá carácter informativo y las autonomías podrán remitir sus observaciones también por vía telemática. Esta modalidad de convocatoria está contemplada en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La iniciativa llega una semana después de que el Consejo de Ministros autorizara la tramitación urgente del texto. El objetivo, según el Ministerio de Igualdad, es garantizar que todas las mujeres reciban una información "veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente" antes de tomar una decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Información obligatoria y voluntaria

Entre las principales novedades, el proyecto diferencia entre la información obligatoria, que deberá facilitarse en todos los casos, y la voluntaria, que solo se proporcionará a petición de la mujer embarazada. La información obligatoria incluirá aspectos como los métodos disponibles para la interrupción del embarazo, los centros acreditados, los trámites necesarios, los derechos de las pacientes y los riesgos asociados a cada intervención.

Además, el texto especifica por primera vez la obligación de informar de forma diferenciada sobre los métodos quirúrgico y farmacológico. En los casos de interrupción del embarazo después de las 14 semanas por causas médicas, también deberá ofrecerse información sobre los distintos procedimientos existentes para que la mujer pueda elegir la opción más adecuada a su situación.

Por otro lado, cuestiones como la anticoncepción, el asesoramiento antes y después de la intervención, las ayudas públicas a mujeres embarazadas o los derechos laborales tendrán carácter voluntario y solo se facilitarán cuando sean solicitadas expresamente.

El proyecto también modifica la regulación de los comités clínicos encargados de evaluar determinados supuestos de interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas. Entre otras medidas, incorpora el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres y establece que no podrán formar parte de estos órganos los profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia ni quienes hayan estado registrados como tales durante los tres años anteriores. Los dictámenes deberán emitirse por escrito e incluir el diagnóstico, las pruebas analizadas, la valoración clínica y la correspondiente conclusión médica.