Los funcionarios de instituciones penitenciarias contarán desde ahora con la condición de agentes de la autoridad, una histórica reivindicación del colectivo que busca poner fin a las diferentes interpretaciones judiciales que existían hasta ahora sobre el estatus de los trabajadores penitenciarios y reforzar su seguridad jurídica durante el ejercicio de sus funciones.

Según la modificación del artículo 80 de la Ley, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, los funcionarios de la administración penitenciaria tendrán la condición de agentes de la autoridad cuando actúen en el ejercicio de su cargo. La reforma incorpora también nuevas garantías para los trabajadores de prisiones en caso de sufrir daños durante el desempeño de su actividad profesional. De esta forma, la Administración queda obligada a resarcir económicamente los daños personales o materiales que padezcan en acto de servicio.

Más protección en caso de detención o ingreso en prisión

La ley introduce además nuevas medidas de protección para los funcionarios penitenciarios que se vean inmersos en procedimientos penales. En estos supuestos, se garantiza su separación del resto de detenidos en dependencias policiales y, en caso de ingreso en prisión, su separación del resto de internos para preservar su integridad física. La medida también se aplicará durante los traslados bajo custodia.

Otro de los cambios incorporados extiende parte de estas garantías al personal laboral que presta servicio en los centros penitenciarios. La reforma establece que estos trabajadores gozarán de la misma protección penal que los funcionarios y podrán beneficiarse igualmente del derecho al resarcimiento por daños sufridos durante el servicio y de las medidas especiales de protección previstas en caso de detención o ingreso en prisión.