El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se reúne este miércoles de forma extraordinaria con el foco puesto en el nuevo Estatuto Marco del personal del SNS, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 2 de junio. El Ministerio de Sanidad informa a las comunidades autónomas sobre el desarrollo legislativo del texto en un contexto de creciente tensión con los colectivos sanitarios.

El anteproyecto ha provocado la pérdida de apoyo de los sindicatos generalistas y de enfermería y mantiene abierto el conflicto con los médicos. En este sentido, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado alegaciones y ha solicitado la retirada del texto, además de plantear una normativa específica para el colectivo médico. El sindicato ha considerado que el documento no da respuesta a las particularidades del ejercicio profesional de la medicina dentro del sistema público.

Guardias, principal punto de choque

Uno de los principales focos de discrepancia son las guardias médicas. Desde Sanidad, el departamento que dirige Mónica García ha planteado reducirlas a 17 horas, aunque contempla excepciones de hasta 24 horas. Frente a esta propuesta, la CESM ha defendido que las guardias sean siempre voluntarias y ha propuesto tres modalidades: de 12, 17 y 24 horas.

El sindicato ha subrayado que, aunque las guardias puedan resultar necesarias en determinados servicios, deben realizarse con consentimiento del profesional y bajo condiciones previamente pactadas. Además, ha reclamado que estas horas se consideren trabajo extraordinario, con una mejor retribución, límites mensuales claros y compensaciones específicas.

Reformas estructurales y cruce político

Entre sus alegaciones, la CESM también ha planteado cambios estructurales como una nueva clasificación profesional que sitúe a médicos y farmacéuticos especialistas en un grupo superior, una jornada ordinaria de 35 horas ampliable a 45 y un nuevo encaje legal de las guardias dentro de la jornada laboral.

En el ámbito político, la ministra de Sanidad ha pedido corresponsabilidad a las comunidades autónomas ante la tramitación del anteproyecto. García ha insistido en que, tras la iniciativa del Gobierno central, son las regiones las que deben gestionar las mejoras laborales, especialmente en materia de retribuciones y jornadas.

La ministra ha defendido esta posición en el Senado, donde ha respondido a las críticas de la senadora del PNV, Nerea Ahedo, quien ha lamentado que las huelgas estén afectando a la ciudadanía por la suspensión de citas programadas. A su vez, la senadora del PP, Rosa María Romero, ha criticado la gestión de García en materia sanitaria.

Ante estas acusaciones, la ministra ha replicado que la primera gran reforma laboral sanitaria desde 2003 la impulsa un Gobierno progresista, y ha añadido que ahora corresponde a los territorios votar y desarrollar los aspectos pendientes del nuevo Estatuto Marco.