El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye el 'caso Leire Díez' ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervenga los correos electrónicos del que fuera secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán, y también de la actual gerente, Ana María Fuentes, entre otros, así como un "examen íntegro 'in situ' de los libros contables" del partido y el listado de acceso a la sede federal de la considerada 'fontanera' Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.

También ha solicitado rastrear las agendas y el acceso de coches al párking subterráneo en Ferraz, sede federal PSOE en Madrid, y ha solicitado una información detallada de todos los viajes, hospedajes y alquileres de vehículos que por parte de este partido se hayan organizado o gestionado tanto de forma individual como conjunta con otras personas, según el auto de requerimiento.

El requerimiento afecta a las direcciones de correo electrónico de cuentas corporativas del PSOE del que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y también de la gerente, Ana María Fuentes, además de a otros cargos de la formación como Celia Rodríguez y el exresponsable de comunicación, Ion Antolín, así como a direcciones de correo asociadas a la gerencia de los socialistas.

El magistrado ha ordenado que se recabe esta información desde 2021 hasta la actualidad y que se haga "con carácter inmediato", incluyendo documentación y archivos electrónicos, y llega a autorizar la práctica de la entrada y registro en la sede del PSOE en la calle Ferraz "en caso de no atenderse a dicho requerimiento".

"Se solicita el volcado íntegro del contenido de los respectivos buzones de correo electrónico asociados a las referidas direcciones, que incluya tanto los mensajes leídos como los no leídos que obren en los buzones correspondiente", ha señalado el juez Pedraz, que precisa que la diligencia incluye las cuentas ya inactivas o deshabilitadas.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también tienen orden de acceder a la "estructura completa de carpetas y subcarpetas y su organización departamental" de las personas señaladas en el auto, así como "informe detallado al respecto de las personas responsables de la estructura informática", tanto personal propio como externo, desde 2024 hasta la actualidad.

Pedraz ha reclamado "el detalle de acceso a la sede del PSOE, detallando la fecha y hora de la visita y las personas acompañantes, el motivo de la visita, así como cualquier otra información que figure en la base de datos, libro de registro o sistema de control de acceso" tanto de Leire Díez como del empresario Javier Pérez Dolset.

Esta petición sobre visitas a la sede de Ferraz se extiende a otras personas como Joseba Antxón Alonso --empresario vinculado a Cerdán--; los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el guardia civil exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes y el también agente del instituto armado Rubén Villalba, así como a la empresaria María del Carmen Pano.

Además, el juez ha solicitado información del "registro completo" de entrada de cuatro vehículos en la zona de estacionamiento interior vinculada a la sede PSOE, vinculados a Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, así como información detallada de "todos los viajes, hospedajes, alquileres de vehículos que por parte PSOE se hayan organizado/gestionado en favor de las mismas, tanto de forma individual como conjunta con otras personas".

Pedraz también ha pedido "toda la información disponible" al respecto de la agenda institucional de Cerdán, "incluidos todos aquellos documentos, archivos, agendas que puedan evidenciar elementos en este sentido y que fueran gestionados por terceras personas dentro del partido".

Además, ha requerido "el examen íntegro 'in situ' de los libros contables llevados por el partido político en los ejercicios 2024 y 2025, incluyendo el Libro Diario, el Libro de Inventarios y Balances y los Libros Mayores correspondientes a dichos ejercicios".

Y ha solicitado "información detallada del procedimiento interno establecido en el partido político que resultaba de aplicación durante los ejercicios 2024 y 2025 para la autorización de gastos y la realización de pagos", además de "la identificación de todas las personas que intervienen en el proceso".