La reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de más de 163.000 ciudadanos nacionalizados a través de la conocida como 'Ley de nietos' ha provocado un profundo choque político e institucional. Mientras el bloque de la derecha respalda la resolución judicial amparándose en la fiscalización del censo electoral, las fuerzas que integran el Gobierno central y sus socios acusan un atropello democrático.

"No hay limpieza electoral sin limpieza del censo"

Desde las filas de la oposición, los líderes de la derecha han cerrado filas con el dictamen del alto tribunal, justificando la suspensión en las presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación administrativa de los expedientes de nacionalización: Alberto Núñez Feijóo, desde el Partido Popular, ha manifestado de forma tajante que "no hay limpieza electoral si no hay limpieza del censo". Feijóo ha sostenido ante los medios que la instrucción gubernamental se realizó de manera contraria al espíritu de la propia ley al "abrir de forma indiscriminada a cualquiera que tenga un antepasado", una manga ancha que, a su juicio, "no tiene parangón".

Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha descartado de plano que esta suspensión de derechos políticos suponga una quiebra constitucional o dé pie a una repetición electoral general, restando validez a los argumentos de que se están vulnerando las garantías fundamentales de los afectados.

El bloque progresista: "Es un auto sin precedentes y disparatado"

En el espectro de la izquierda, la reacción al auto judicial ha sido de absoluto rechazo, coincidiendo en que la medida socava de forma directa el principio democrático y genera una incoherencia jurídica flagrante. La portavoz socialista Montse Mínguez ha afirmado que, aunque acatan el auto judicial, su formación no comprende los criterios aplicados. "No se entiende; no se les quita el pasaporte ni la nacionalidad, pero sí el derecho al voto", ha criticado Mínguez, recordando que este grueso de ciudadanos ya ejerció su derecho con total normalidad en las elecciones generales de 2023 y en los posteriores comicios autonómicos.

Mucho más contundente se ha mostrado el representante de Sumar, Gerardo Pisarello, quien ha catalogado la resolución judicial como "un auto sin precedentes y disparatado desde el punto de vista jurídico". Pisarello ha advertido de que la medida "vulnera la Constitución" y ha acusado al Supremo de estar "canalizando la estrategia de pucherazo electoral de las derechas".

La vía legal: El amparo ante el Tribunal Constitucional

Ante el nuevo escenario de parálisis de sufragio, el recorrido legal queda sumamente acotado según los primeros informes institucionales. La Abogacía del Estado ya ha dictaminado que el Ejecutivo no podrá personarse de forma directa para revertir la suspensión general, precisando que únicamente los propios ciudadanos nacionalizados afectados disponen de legitimación jurídica para recurrir de manera individual el auto ante el Tribunal Constitucional a través de la vía del recurso de amparo.