El PSOE ha solicitado más tiempo al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' para poder aportar documentación relacionada con la contratación de abogados y consultores del partido entre 2021 y 2025, alegando que está esperando un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española acerca de si la información requerida afecta al secreto profesional.

En un escrito remitido al juez, el coordinador jurídico del partido, Alberto Cachinero, justifica que la petición realizada al Consejo General de la Abogacía Española "no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado" por el tribunal. La respuesta del PSOE llega después de que el instructor de la causa, Santiago Pedraz, diera el martes un plazo de 48 horas al partido para que le trasladara una serie de información relativa a la contratación, por parte de los socialistas, de abogados, despachos de abogados o consultores, al no haber recibido contestación en la primera ocasión.

Cachinero explica que el PSOE no ha podido trasladar al juzgado la documentación requerida porque "no está centralizada" y hay que recabarla "de muy distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territoriales del partido pueden efectuar este tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio". Aduce, además, que "estando en periodo electoral, y concentrada la actividad del partido en el desarrollo de la campaña en curso, la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada y no depende exclusivamente de esta asesoría jurídica".

Cachinero asevera que "una parte sustancial de la información requerida se encuentra sometida al deber de secreto profesional", y señala que "establecer relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia, permite inferir su objeto".

Pese a ello, el PSOE asegura mantener su "plena disposición" a colaborar con la investigación y sostiene que la falta de entrega inmediata de toda la documentación no debe interpretarse como una negativa a colaborar con la Justicia.

La diligencia se enmarca en la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama destinada a influir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Entre las líneas de investigación figura el análisis de varios contratos y pagos presuntamente vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez y a personas investigadas en la causa.