El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, tras su paso por el Senado y con buena parte de las enmiendas incorporadas en la Cámara Alta.

La reforma elimina incompatibilidades entre prestaciones y servicios, permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia, incorpora la figura del asistente personal y amplía la atención más allá de la familia directa, de modo que vecinos o amigos podrán ser reconocidos como cuidadores.

Incluye además la teleasistencia como derecho, reduce de seis a tres meses el plazo para resolver el reconocimiento de la dependencia, obliga a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad. También blinda la financiación estatal del sistema, fijando que el Estado asumirá el 50% del coste, vinculado a una inyección de 6.200 millones para las comunidades entre 2026 y 2027.

El texto llega al Congreso sin ocho enmiendas del PP y Junts que fueron vetadas por el Gobierno, al considerar que suponían un aumento del gasto no previsto. Entre ellas, la ampliación de beneficios fiscales para dependientes, un IVA reducido para adaptaciones de vivienda o vehículo, la eliminación del copago para el grado III+ o la ampliación de la prestación CUME más allá de los 26 años.

Durante el debate, el ministro Pablo Bustinduy calificó la reforma como “la mayor reforma social en décadas” y apeló a las comunidades autónomas a reducir las listas de espera: “Deben desaparecer para 2028”.

La oposición criticó con dureza el veto del Gobierno. El PP lo calificó de “inconstitucional” y “falta de humanidad”, Vox habló de “precipicio”, y PNV, ERC, Bildu y Junts lamentaron el bloqueo por “unos millones” y reclamaron mayor ambición en la protección de colectivos con deudas históricas.

Sumar y Podemos defendieron los avances, pero advirtieron de que el derecho solo será real si la financiación llega “a tiempo y sin depender del código postal”.