OPERACIÓN POLICIAL
Una operación nacional contra el vapeo ilegal incluye inspecciones en locales de Extremadura
La Guardia Civil inspeccionó 170 locales en 8 comunidades, entre ellas Extremadura, dentro de un dispositivo que culmina con una nave desmantelada en Granada y tres detenidos
Una macrooperación contra la fabricación y distribución ilegal de productos de vapeo ha incluido inspecciones en establecimientos de Extremadura, dentro de un dispositivo coordinado en ocho comunidades autónomas que se ha saldado con tres detenidos y cuatro empresas investigadas.
La actuación, enmarcada en la denominada Operación Tonogra, ha permitido desmantelar en la localidad granadina de Peligros una nave clandestina dedicada a la mezcla y almacenamiento de líquidos para cigarrillos electrónicos sin las autorizaciones necesarias. En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron inspecciones en un total de 170 establecimientos repartidos por Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana.
La participación de Extremadura en el operativo pone de relieve la extensión de la red de distribución de estos productos, ya que en la región se localizaron puntos de venta que comercializaban artículos procedentes de las empresas investigadas. Las inspecciones forman parte del control reforzado sobre un sector en crecimiento y sometido a una regulación estricta por su impacto en la salud pública.
Durante la investigación, iniciada en noviembre del pasado año, los agentes intervinieron cerca de 8.000 envases de líquidos preparados para su comercialización, además de materias primas y material relacionado con la producción, todo ello valorado en casi 890.000 euros. Los productos, según las autoridades, carecían de trazabilidad sanitaria y de las licencias obligatorias.
La operación ha sido considerada pionera, al tratarse de la primera actuación de estas características sobre la industria del vapeo ilegal en España. Ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y ha contado con la colaboración de diferentes organismos, incluidos servicios sanitarios y de inspección laboral.
Los tres detenidos están siendo investigados por presuntos delitos contra la salud pública, contra la Hacienda Pública y por pertenencia a grupo criminal.


