Los sindicatos UGT, CCOO y CNT han registrado oficialmente la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre en Extremadura, una movilización con la que pretenden reclamar medidas en materia de vivienda, salarios, coste de la vida y defensa de los servicios públicos. Las organizaciones consideran que existen «motivos suficientes» para lograr un amplio respaldo tanto en los centros de trabajo como en las manifestaciones convocadas para esa jornada.

La convocatoria ha sido presentada en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, por los máximos responsables regionales de los tres sindicatos: Patro Sánchez (UGT), María Berrocal (CCOO) y Jon Álvarez (CNT). Junto a ellos ha participado el representante de los movimientos por la vivienda, Francisco José Clemente, quien ha explicado que la iniciativa surgió tras el desahucio de Maricarmen, aunque ha subrayado que el problema de acceso a la vivienda afecta a una parte importante de la población.

Una huelga «política, pero no partidista»

Los convocantes han defendido que la protesta tiene un carácter político porque busca influir en las decisiones públicas, aunque han recalcado que no está dirigida contra ningún partido concreto ni contra el Gobierno o la oposición. Según han explicado, la movilización interpela a todas las administraciones y también a la patronal empresarial, a la que responsabilizan de la falta de avances en la negociación colectiva y de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En este sentido, Patro Sánchez ha señalado que muchos trabajadores extremeños, pese a contar con un empleo, no pueden acceder a una vivienda o llegar con solvencia a final de mes. Asimismo, ha criticado que la patronal lleve más de un año sin sentarse a negociar un nuevo acuerdo sobre empleo y negociación colectiva. Por ello, ha confiado en que la jornada de paro tenga una amplia participación tanto en los centros de trabajo como en las movilizaciones previstas en las calles.

Vivienda, salarios y servicios públicos

Por su parte, María Berrocal ha afirmado que «sobran los motivos» para secundar la huelga, que ha definido como una movilización en defensa de políticas de vivienda, salarios dignos y servicios públicos de calidad. Además, ha vinculado la protesta a otros conflictos laborales abiertos en la región y a la necesidad de que los salarios recuperen parte del poder adquisitivo perdido por el incremento de los precios.

La dirigente sindical también ha advertido de que el deterioro o la privatización de servicios como la sanidad, la educación o la dependencia repercute directamente en el bienestar de los trabajadores y pensionistas. Por ello, ha insistido en la necesidad de reforzar estos servicios esenciales mediante políticas públicas que garanticen su calidad y accesibilidad.

«Tener un trabajo ya no garantiza un proyecto de vida»

Por su parte, Jon Álvarez ha sostenido que España afronta problemas relacionados con los salarios, las jornadas laborales, las pensiones y la vivienda, y ha lamentado que disponer de un empleo ya no garantice un proyecto de vida estable. En este contexto, ha defendido que existen razones más que suficientes para convocar un paro general y lanzar un mensaje tanto a las administraciones como al tejido empresarial.

Los promotores de la huelga recuerdan además que la última huelga general celebrada en España tuvo lugar en 2012. Desde entonces, según los datos aportados por los organizadores, los salarios en Extremadura han aumentado alrededor de un 20 %, mientras que el precio de la vivienda se ha incrementado en torno a un 40 %, una diferencia que consideran determinante para entender el malestar social que motiva la convocatoria.