La directora general de Patrimonio Cultural de la Junta, Adela Rueda, ha defendido este miércoles la tramitación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres y ha subrayado que la incoación del procedimiento "no define la conclusión del mismo", sino que abre un periodo de estudio para determinar si el monumento reúne los valores necesarios para obtener esa protección.

Durante una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, Rueda ha recordado que la cruz está catalogada como monumento desde 2010 y ha señalado que el procedimiento tiene un plazo máximo de 16 meses para resolverse. Según ha explicado, la Administración trabaja actualmente sobre más de un centenar de alegaciones recibidas y analiza si concurren los requisitos patrimoniales exigidos para una declaración BIC.

La directora general ha indicado además que buena parte de las alegaciones se refieren a la resignificación del monumento. En este sentido, ha asegurado que existen resoluciones judiciales que avalan la permanencia de cruces de este tipo al entender que pueden encajar en la Ley de Memoria Histórica tras haber sido eliminados los elementos de exaltación franquista. Asimismo, ha destacado que continúa abierta una investigación sobre la Cruz de Cáceres como obra original y que la Comisión Provincial de Patrimonio ya ha valorado aspectos técnicos relacionados con el entorno del monumento.

Incompatibilidad con la Ley de Memoria Histórica

Precisamente desde el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el diputado David Araújo ha cuestionado la compatibilidad de una eventual declaración BIC con la Ley de Memoria Democrática. A su juicio, la cruz no ha sido resignificada y su permanencia en el emplazamiento actual supone una contradicción con los principios de reparación y dignificación de las víctimas del franquismo. Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar una medida de carácter político más que patrimonial.

"Esto es solo una prioridad a nivel político, pero no era algo que había que hacer", ha dicho Araújo, que considera que "cambiar una placa para homenajear a todos los caídos de la guerra no es resignificar el monumento" que, a su juicio, "se concibió con el objetivo de humillar a unos frente a otros". 

En la misma línea, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Gonzalo Romero Barba ha reclamado el archivo inmediato del expediente. Ha defendido que modificar las inscripciones del monumento no altera su origen ni la función para la que fue construido. "Modificar una inscripción no elimina la historia ni la función para la que el elemento fue erigido, que no fue otra que legitimar una dictadura, homenajear a los vencedores y humillar a los vencidos", ha sentenciado Romero. 

Además, ha recordado que la declaración de BIC es para bienes de relevancia excepcional, sin embargo, considera que "la cruz carece de valor excepcional o de excelencia artística, es una construcción sencillisíma, sin proyecto firmado y de diseño estándar". "Todos sabemos que es requisito necesario para la continuidad de la señora Guardiola al frente de la junta", ha sentenciado.

Un monumento que representa a todos

Por el contrario, Ángel Pelayo Gordillo, del Grupo Parlamentario Vox, ha defendido que la cruz representa a todas las víctimas de la Guerra Civil y no exclusivamente a un bando. Ha argumentado que las referencias de exaltación franquista fueron retiradas hace décadas y ha asegurado que el debate debe centrarse en el significado actual del monumento para los cacereños y no en el contexto de su construcción. "Ustedes, la izquierda, quieren imponer la historia por ley".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Luisa Durán Pagador ha recordado que la Cruz de los Caídos ya cuenta con protección urbanística como monumento en el Plan General Municipal de Cáceres, aprobado cuando gobernaba el PSOE tanto en la Junta como en el ayuntamiento cacereño. "Lo que el PSOE protegió con orgullo en 2010, hoy lo quieren eliminar por buscar el enfrentamiento y por cumplir con las necesidades políticas del señor Pedro Sánchez.