Con el curso escolar recién finalizado, la Junta de Extremadura y los sindicatos educativos han comenzado a perfilar el inicio del próximo curso 2026-2027. En una reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada este miércoles, uno de los principales asuntos abordados ha sido el sistema de adjudicación de plazas para el profesorado interino.

Los sindicatos han reclamado que en la primera adjudicación se incluyan todas las vacantes disponibles, tanto las correspondientes a las listas ordinarias como las vinculadas a programas educativos, y no solo las interinidades habituales, como se ha venido haciendo hasta ahora. El objetivo, según han defendido, es que los docentes conozcan su destino con tiempo suficiente y puedan organizar el inicio del curso sin incertidumbre.

En este sentido, organizaciones como CSIF han insistido en la necesidad de publicar todas las plazas en una única resolución para evitar posteriores ajustes, cambios de destino y falta de información. Los sindicatos consideran que dejar puestos fuera del proceso genera desorganización y perjudica tanto a los profesionales como al funcionamiento de los centros educativos.

'Extremestiza'

Paralelamente, el debate educativo en Extremadura sigue marcado por la polémica en torno a la nueva asignatura 'Extremestiza', prevista como materia complementaria el próximo curso. El pleno del Consejo Escolar de Extremadura ha ratificado el rechazo mayoritario de la comunidad educativa a su implantación, con la aprobación de tres enmiendas, presentadas por sindicatos y FREAMPA, que solicitaban su supresión.

A pesar de este rechazo, el dictamen del Consejo Escolar ha salido adelante y continuará su tramitación en la Asamblea de Extremadura, donde se debatirá el decreto que regula esta asignatura. Desde el ámbito sindical, se ha cuestionado la utilidad real de la materia. Tomás Rodríguez, de Comisiones Obreras, considera que "no responde a una necesidad real" y que sus contenidos ya están recogidos en el currículo actual. En la misma línea se ha pronunciado José Antonio Romo, del sindicato PIDE, quien ha recordado además el carácter consultivo del Consejo Escolar, lo que implica que su rechazo no es vinculante para la Administración.