TRIBUNALES
Gobierno y Junta reclaman investigar hasta el final las posibles irregularidades en el AVE extremeño
El Tribunal de Cuentas ha detectado posibles problemas de transparencia en 14 expedientes ferroviarios, cinco de ellos correspondientes a tramos de la alta velocidad en Extremadura
Alberto Ortega / Europa Press Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas. Madrid
Las posibles irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en varios contratos ferroviarios han provocado las primeras reacciones institucionales. El organismo ha puesto bajo revisión 14 expedientes de obras del AVE en España, entre ellos cinco tramos relacionados con la alta velocidad extremeña, y ha trasladado sus conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá determinar si existen o no responsabilidades.
La investigación tiene su origen en dos denuncias presentadas a través de los canales éticos de Adif e Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, en las que se alertaba de una posible alteración en las puntuaciones de determinadas licitaciones. A raíz de estas comunicaciones, el Tribunal de Cuentas detectó una "posible arbitrariedad" en los criterios de valoración, aunque por el momento no ha trascendido a qué expedientes concretos se referían las denuncias iniciales.
Cinco actuaciones en Extremadura bajo revisión
Tras analizar esos primeros casos, el órgano fiscalizador decidió ampliar la revisión y examinar aleatoriamente otros 14 expedientes ferroviarios para comprobar si esa posible discrecionalidad era una práctica habitual en los procesos de adjudicación.
Entre los proyectos seleccionados figuran cinco actuaciones vinculadas a Extremadura. Cuatro corresponden a la construcción de la plataforma ferroviaria entre Casatejada y Navalmoral de la Mata, mientras que la quinta actuación analizada es la renovación de la vía entre Plasencia y Monfragüe.
Según el informe, en todos los expedientes revisados se aprecian deficiencias relacionadas con la transparencia en la valoración de las ofertas, una observación que afecta tanto a los proyectos extremeños como al resto de los contratos analizados.
Junta y Delegación del Gobierno piden esclarecer los hechos
La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido que se investigue el asunto en profundidad y se depuren responsabilidades si fuera necesario. En este sentido, ha reclamado: "Que haya un análisis minucioso de adónde se destinan los recursos públicos y que se exijan responsabilidades en todos los ámbitos: los ámbitos políticos y los ámbitos penales".
Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha evitado pronunciarse sobre el contenido de las pesquisas. La representante del Ejecutivo central ha señalado que: "Si está en investigación no tengo nada sobre lo que pronunciarme". No obstante, el informe del Tribunal de Cuentas no concluye que existieran amaños o adjudicaciones irregulares. Su principal observación se centra en la falta de transparencia y claridad en los criterios utilizados para puntuar y valorar las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.
La última palabra la tendrá ahora la Fiscalía Anticorrupción, que deberá analizar la documentación remitida y determinar si los hechos descritos pueden derivar en responsabilidades de carácter administrativo o penal.