La Junta de Extremadura y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de la Administración General han iniciado este jueves la negociación para la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración autonómica, que actualmente son 17.500 trabajadores censados. 

La Junta ha puesto sobre la mesa una propuesta de casi 53 millones de euros, a los que se suma una partida específica para equiparar las categorías profesionales del SEPAD con las del Servicio Extremeño de Salud (SES), en total, 55 millones, con una inversión estimada de unos 13 millones de euros anuales hasta el año 2030.

El director general de Función Pública, Hugo Alfonso Curiel Rodríguez, ha defendido la propuesta de la Junta para el inicio de la negociación, y ha reconocido que el margen presupuestario es limitado debido a los compromisos económicos previstos para 2027. Concretamente, ha recordado que desde 2023 se han abonado 400 millones de euros a los empleados públicos, que este año se pagarán 164 millones y se completará el abono de los atrasos correspondientes a 2020. 

Curiel ha insistido en que se trata del comienzo de un proceso negociador que requerirá nuevas reuniones y ha apelado a centrarse en el hecho de que ambas partes ya están dialogando. "Tenemos que hablar mucho", ha afirmado. 

Una brecha del 20%

Los sindicatos han coincidido en valorar positivamente la apertura de la negociación, aunque consideran que la propuesta económica presentada está lejos de las necesidades reales para cerrar la brecha salarial con otras administraciones públicas.

Desde USO Extremadura, Luis Manuel Gil ha destacado que la organización prefiere prolongar las conversaciones antes que firmar un "mal acuerdo". El sindicato reclama que cualquier pacto tenga efectos desde el 1 de enero de 2027, incluso si se firma más adelante, en cuyo caso, tendría que abonarse con carácter retroactivo. Sus cálculos, la diferencia retributiva media está en torno al 20%, lo que supondría incrementos de entre 5.000 y 10.000 euros anuales más según las categorías. Esto hace un total de 125 millones de euros en cuatro años, a razón de unos 32 millones anuales. 

En una línea similar se ha pronunciado Antonio Mateos Durán, de SGTEX, quien ha cifrado también la brecha salarial en torno al 20% respecto a otras comunidades autónomas. A su juicio, la oferta presentada es "insuficiente" para alcanzar una homologación casi total con la media nacional, aunque ha mostrado disposición a continuar negociando.

Por su parte, Juanjo Samino, de CSIF, ha considerado que la propuesta es un "buen punto de partida", pero ha defendido que las mejoras salariales deben quedar reflejadas en los Presupuestos Generales de Extremadura de 2027 con efectos desde el primer día del año.

Desde CCOO, José Sánchez Carroza ha celebrado el inicio de las conversaciones, aunque ha señalado que la cuantía planteada no permite alcanzar el objetivo del 20% de equiparación salarial que defiende el sindicato. Además, ha reclamado más información sobre el número exacto de trabajadores afectados.

Por último, la portavoz de UGT, Erica Gutiérrez, ha asegurado que la organización no está satisfecha con una propuesta que considera "totalmente insuficiente". Ha recordado que la negociación del sector educativo partió de una dotación de 65 millones de euros y ha reclamado que la Administración General disponga, al menos, de la misma cantidad para comenzar a reducir las desigualdades salariales entre empleados públicos.

Las partes han acordado volver a reunirse la próxima semana para continuar unas negociaciones que, por el momento, arrancan con posiciones todavía alejadas, aunque con voluntad de seguir buscando puntos de encuentro.