La defensa de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE de Extremadura, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz para su elevación a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia que le condenó por dos delitos de prevaricación.

En el recurso, al que ha tenido acceso Extremadura Noticias, la defensa solicita la revocación de ambas condenas al considerar que se produjo una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y que no existe prueba de cargo suficiente para sustentar el fallo. De manera subsidiaria, pide que se elimine la pena de inhabilitación para determinados cargos públicos y, en caso de mantenerse la condena, que la inhabilitación quede limitada a la Presidencia de la Diputación de Badajoz y a cargos de elección popular. La defensa considera "desproporcionado" que la prohibición se extienda también a cargos discrecionales o de designación, es decir, puestos para los que una persona es nombrada y no elegida en las urnas.

"Indicios débiles"

Respecto al primero de los delitos, relacionado con la creación y adjudicación del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, el recurso sostiene que la sentencia se basa en indicios que, a juicio de la defensa, son "débiles" y basados en interpretaciones que no permiten concluir que el puesto se creara con el objetivo de ser ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón. 

El escrito afirma que Gallardo reconoció haber participado en la decisión política de impulsar la creación de esa plaza dentro del equipo de Gobierno de la Diputación, pero niega que dicha decisión estuviera dirigida a favorecer a una persona concreta. Además, rechaza que existiera una relación cercana con David Sánchez y sostiene que el vínculo entre ambos fue exclusivamente profesional.

La defensa también cuestiona varios de los elementos indiciarios utilizados en la sentencia, entre ellos la existencia de rumores previos sobre el destino de la plaza o determinadas comunicaciones internas. Según el recurso, los hechos acreditados únicamente demostrarían que la Diputación impulsó la creación del puesto, que David Sánchez concurrió al proceso selectivo y que finalmente fue elegido para ocuparlo.

En relación con el segundo delito de prevaricación, referido a la modificación posterior del puesto, la defensa de Gallardo sostiene que los hechos considerados probados no describen ninguna actuación ilegal ni arbitraria. El recurso argumenta que David Sánchez mantenía una relación laboral de alta dirección con la Diputación y que los cambios introducidos se encuadraban dentro de las facultades de organización de la institución.

Cerrar nuevas vías de investigación

Asimismo, la defensa cuestiona que el tribunal haya dejado abierta la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales relacionadas con el caso. A su juicio, esa medida podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre hechos vinculados a la contratación de David Sánchez que, a su juicio, ya fueron analizados dentro del procedimiento que ha dado lugar a la condena.

La defensa concluye que la valoración de la prueba realizada por el tribunal es "errónea y arbitraria" y solicita la revocación íntegra de las condenas o, alternativamente, la reducción del alcance de la inhabilitación impuesta.

En resumen, la defensa de Miguel Ángel Gallardo solicita la revocación de las dos condenas por prevaricación al considerar que la sentencia vulnera su derecho a la presunción de inocencia y se basa en indicios, sospechas y conjeturas que, a su juicio, no acreditan que impulsara la creación o modificación de una plaza para favorecer a David Sánchez. Gallardo sigue así los pasos del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, que solicitó su absolución la pasada semana.