El pasado viernes el fiscal delegado de discapacidad envió un escrito a todas las residencias de mayores y centros sociosanitarios y de discapacitados de la región. En ese documento se especificaban los pasos a seguir en el caso de que algún familiar negara la vacuna a algún residente que estuviera incapacitado legalmente o que, sin estarlo, tuviera sus facultades mentales mermadas.

En esos casos han de remitir un escrito al juzgado, y este será, finalmente, quien decida si tiene razón el familiar o por el contrario, prevalece el derecho a la salud de la persona dependiente.

Casos aislados

La comunicación se hizo tras tener conocimiento de algunas reticencias por parte de algunos familiares. Sin embargo, ninguna de esos casos ha llegado, al menos de momento, a los juzgados extremeños. Desde la fiscalía, se califican “como casos aislados”.

Precedentes en Galicia y Andalucía

Cabe recordar que ya ha habido casos. En Santiago de Compostela el juez obligó a vacunar a una residente pese a la oposición de su hija. Otro en Sevilla está pendiente de resolución. En Extremadura de momento no ha habido ninguno.