Tras cuatro meses de incertidumbre política, Extremadura ya tiene nuevo Gobierno y esta semana comienza oficialmente su andadura. La coalición formada por el Partido Popular y Vox celebrará este martes su primer Consejo de Gobierno, en el que se aprobarán las primeras medidas tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

La esperada foto de familia ya se ha producido y el nuevo Ejecutivo arranca con una agenda cargada de deberes. El pacto de Gobierno establece que la mayoría de los compromisos deberán cumplirse o, al menos, iniciarse a lo largo de este mismo año. Para 2027 quedan previstas algunas reformas legislativas en ámbitos como el sector primario y la vivienda, mientras que para el tramo final de la legislatura se sitúan proyectos como la nueva ley de familia o la finalización de 3.500 viviendas protegidas.

La tarea más urgente será la elaboración y aprobación de los presupuestos autonómicos. El objetivo del Ejecutivo es dar luz verde a las cuentas en el Consejo de Gobierno de forma inmediata para que puedan ser tramitadas en la Asamblea de Extremadura y aprobadas antes del verano. Unos presupuestos que ya deberán reflejar buena parte de las promesas del acuerdo PP‑Vox.

Entre ellas, figuran las primeras rebajas de impuestos comprometidas, una inyección adicional de 500 millones de euros para la sanidad pública, partidas para la homologación salarial del profesorado y los trabajadores del SEPAD, el refuerzo del transporte público y la reducción o supresión de ayudas a sindicatos, organizaciones empresariales y proyectos de cooperación.

Inmigración y "prioridad nacional"

Este año también marcará el inicio de la nueva política sobre inmigración pactada por ambos partidos. La Junta deberá oponerse a la llegada de inmigrantes en situación irregular, promover pruebas de determinación de edad a menores extranjeros y eliminar las ayudas a organizaciones no gubernamentales que trabajen con este colectivo. Además, el acuerdo recoge que las ayudas públicas deberán aplicar el principio de "prioridad nacional", como el requisito de un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida.

Con numerosos compromisos concentrados en un corto plazo de tiempo, el nuevo Ejecutivo afronta semanas decisivas. El Consejo de Gobierno de este martes servirá para conocer cuáles serán las primeras medidas en ponerse en marcha y marcará el rumbo inicial de la nueva etapa política en Extremadura.