El Gobierno ha garantizado a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que los empleados públicos verán incrementado su salario un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como recoge el acuerdo marco firmado entre ambas partes el pasado mes de noviembre.

El compromiso ha sido trasladado este martes durante la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo, según han informado las organizaciones sindicales tras el encuentro con el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública. 

La subida forma parte del acuerdo salarial pactado para el periodo 2025-2028, que contempla un incremento global del 11% para más de tres millones de empleados públicos. De acuerdo con el calendario acordado, las retribuciones aumentarán un 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026 más un posible 0,5% adicional ligado a la evolución de la inflación, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.

Además, los sindicatos han recordado que el incremento variable previsto para 2026 podría activarse si la inflación al cierre del ejercicio iguala o supera la subida fija del 1,5%. De confirmarse esta circunstancia, los empleados públicos percibirán ese 0,5% adicional durante el primer trimestre de 2027 y con efectos retroactivos.

Quedaría aprobada antes de las elecciones

Tras la reunión, las organizaciones sindicales han reclamado al Ejecutivo que la subida salarial prevista para 2027 quede aprobada antes de la celebración de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, con el objetivo de garantizar su aplicación.

Por otro lado, fuentes sindicales han señalado que el departamento que dirige el ministro Óscar López trabaja junto a las comunidades autónomas en una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir legalmente el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.

La propuesta incluiría un régimen sancionador para los incumplimientos, entre las medidas previstas figura incluso la posibilidad de cesar a los responsables de las administraciones que mantengan situaciones contrarias a la normativa en materia de temporalidad.