Una agente de la Policía Nacional ha demandado a la Dirección General de la Policía, a la Jefa Superior de Policía de Extremadura y al Jefe Regional de Operaciones por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales vinculadas al incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la falta de protección frente a riesgos psicosociales. El juicio se celebrará el próximo lunes 22 de junio a las 09:30 horas en el Juzgado de lo Social nº 4 de Badajoz.

Según recoge la demanda, la funcionaria habría sufrido un progresivo deterioro de sus condiciones laborales y de su bienestar personal sin que se adoptaran medidas eficaces para prevenir o corregir la situación. En este contexto, la agente sostiene que esta circunstancia terminó afectando gravemente a su salud física y psicológica, lo que la llevó a acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos.

Los hechos denunciados 

La funcionaria habría sido presuntamente objeto de un proceso continuado de hostigamiento profesional, acompañado de un aislamiento progresivo dentro de su entorno laboral. Asimismo, denuncia la existencia de represalias por haber promovido distintas actuaciones administrativas y judiciales en defensa de sus derechos.

La agente, que recurrió a los canales internos de prevención de riesgos laborales, asistencia psicológica y denuncia de acoso laboral previstos por la propia Administración, afirma que no se adoptaron medidas eficaces para investigar los hechos ni para proteger su integridad profesional. Como consecuencia, asegura haber desarrollado un cuadro de ansiedad y depresión, que derivó en una incapacidad temporal de larga duración, encontrándose actualmente en tratamiento especializado.

Protocolo de acoso y actuación administrativa

Uno de los aspectos centrales de la demanda radica en la supuesta falta de actuación de la Administración ante una situación de riesgo psicosocial que se habría prolongado durante meses. La agente presentó una denuncia formal por acoso laboral al amparo del protocolo vigente en la Policía Nacional, pero este procedimiento fue inadmitido a trámite sin que se practicaran diligencias de investigación ni se adoptaran medidas preventivas.

En este sentido, la demanda cuestiona el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, al considerar que no se realizó una evaluación adecuada de los riesgos psicosociales ni se activaron mecanismos efectivos de protección. La parte demandante sostiene que la Administración mostró una actitud de pasividad frente a un riesgo ya conocido, lo que permitió que la situación se prolongara en el tiempo con un impacto significativo en su salud.

El Juzgado de lo Social nº 4 de Badajoz ha admitido diversa documentación, informes periciales y declaraciones de testigos para esclarecer los hechos. Entre las pruebas figuran evaluaciones de riesgos psicosociales, informes médicos y psicológicos, expedientes internos y la comparecencia de mandos policiales y responsables de prevención.

Durante la vista oral, el tribunal analizará la actuación de los responsables demandados y deberá determinar si existió un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de la salud y de los derechos fundamentales de la funcionaria.