CASO DAVID SÁNCHEZ

Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación y David Sánchez a 9 por prevaricación administrativa

Contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe recurso

Badajoz
14 Julio 2026, 12:50 | Actualizado 14 Julio 2026, 15:20

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, han sido condenados por prevaricación administrativa. La sentencia dictada por el tribuna impone penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo a varios acusados por delitos de prevaricación administrativa, entre ellos Miguel Ángel Gallardo Miranda y David Sánchez Pérez‑Castejón.

18 años de inhabilitación para Miguel Ángel Gallardo

El fallo declara a Miguel Ángel Gallardo autor de dos delitos de prevaricación administrativa, correspondientes dos bloques de los hechos probados (el origen del puesto y el cambio de nomenclatura del mismo). Por cada uno de ellos recibe una pena de nueve años, lo que eleva la condena total a 18 años de inhabilitación.

La sentencia le impide ocupar cualquier empleo o cargo público y presentarse a elecciones durante ese periodo.

9 años de inhabilitación para David Sánchez Pérez‑Castejón

El tribunal condena a David Sánchez Pérez‑Castejón como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa por el cambio de nomenclatura. La pena fijada es de nueve años de inhabilitación especial.

La sentencia no es firme. Los condenados disponen de diez días para presentar recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El caso en la Audiencia

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia tras uno de los juicios más mediáticos y multitudinarios de los últimos años en Extremadura, con 11 acusados en el banquillo y la participación de 16 abogados. El proceso se ha desarrollado durante siete sesiones, iniciadas el pasado 28 de mayo, en las que las defensas han intentado anular, de forma parcial o total, la causa oral.

En su resolución, el tribunal ha declarado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal atribuido a David Sánchez y ha excluido a Miguel Ángel Gallardo de los delitos de prevaricación vinculados a la contratación del exasesor Luis Carrero, tras estimar parcialmente las cuestiones previas planteadas.

Un proceso con decenas de testigos

Un total de 42 testigos y peritos fueron citados. Los primeros en declarar fueron los directores de Conservatorios, que ofrecieron explicaciones sobre uno de los correos más relevantes del caso, con el asunto "hermanísimo". En este sentido, Evaristo Valentín aseguró: "Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. Pero también conocía al 80% de los que se iban a presentar".

También destacaron las declaraciones de dos aspirantes al puesto. Mientras una de ellas cuestionó la igualdad del proceso, otro sostuvo lo contrario. Cristina De Frutos subrayó: "Yo insistí que me hicieran preguntas y no me hicieron ninguna, pues hay veo una desigualdad". Por su parte, Nerses Avakimyam afirmó: "Yo personalmente no vi ninguna irregularidad".

Señalamientos y defensa de los acusados

Entre las declaraciones clave figuraron la del teniente coronel de la UCO, que señaló a Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la plaza. En la recta final comparecieron los 11 acusados, entre ellos David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, quien defendió su inocencia y negó cualquier indicación externa. Gallardo sostuvo: " Ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos".

Recalificación final y cierre del juicio

En la fase final, las acusaciones solicitaron una recalificación de los hechos, elevando la petición de penas hasta seis años de prisión para Sánchez y cuatro para Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias. Las defensas rechazaron esta petición, que consideraron inadmisible, y reclamaron la absolución.

El juicio concluyó con los informes finales, en los que las acusaciones defendieron que el proceso fue un “traje a medida”, frente a la Fiscalía y las defensas, que sostuvieron la legalidad del procedimiento y la falta de pruebas de cargo.

Tras varias semanas de deliberación, la Audiencia Provincial de Badajoz ya ha hecho pública su resolución, contra la que cabe recurso.