La Junta de Extremadura ya está en contacto con la Fiscalía para la realización de pruebas de determinación de edad a menores migrantes no acompañados acogidos en el sistema de protección regional cuando no exista una "garantía fehaciente" documental o haya "sospechas" sobre su edad.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido la medida al asegurar que "queremos saber realmente quiénes de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos". En este sentido, ha explicado en rueda de prensa celebrada en Mérida que el objetivo es "garantizar" la "seguridad jurídica" del sistema de acogida.

Asimismo, ha subrayado que la iniciativa responde a un criterio de "sentido común" y busca "luchar contra el fraude" que, según ha advertido, puede producirse en "algunos casos" en la determinación de la edad de menores migrantes.

Aunque la Consejería advierte ahora de su intención de reforzar la vigilancia, el proceso de realización de pruebas de edad ya se venía aplicando, con criterios similares, durante la anterior legislatura en coordinación entre los Servicios Sociales de la Junta y la Fiscalía de Menores.

Sistema tensionado

Extremadura cuenta actualmente con 104 menores migrantes no acompañados en su sistema de protección, lo que supone ocho más que las 96 plazas disponibles. La Junta ha presentado este dato como ejemplo de la "sobreocupación" de los centros de acogida y como justificación de la necesidad de reforzar los mecanismos de control y verificación.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico intensifica su estrategia legal contra el modelo estatal de reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Fernández Calle ha anunciado que la región reforzará las vías judiciales para recurrir la norma impulsada por el Gobierno central.

Recurso ante el Constitucional

Durante la anterior legislatura, la Junta de Extremadura ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que regula el reparto obligatorio de estos menores entre comunidades autónomas. Según argumentó entonces, se trata de una "imposición unilateral" que invade competencias autonómicas en materia de protección de menores.

Extremadura se sumó así a otras comunidades como Madrid y Andalucía, también gobernadas por el PP, que han optado por recurrir la norma estatal. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso, aunque aún no se ha pronunciado al respecto.