El vicepresidente de la Junta de Extremadura y líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández Calle, ha defendido la decisión del Ejecutivo regional de recurrir el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas y ha asegurado que la Junta actuará «con toda la contundencia» contra la política migratoria impulsada por el Gobierno de España.

Las declaraciones se han producido antes del pleno de la Asamblea de Extremadura en el que se debaten los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026. En este contexto, Fernández Calle ha reiterado el rechazo del Gobierno autonómico al sistema de distribución de menores extranjeros no acompañados y ha criticado lo que considera una política de «puertas abiertas» por parte del Ejecutivo central.

Cinco recursos contra el reparto de menores

El dirigente de Vox ha explicado que la Junta presentará cinco recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Ceuta que contemplan el traslado de menores migrantes a Extremadura. Esta decisión llega después de que el Consejo de Gobierno autorizara a la Abogacía General de la Junta de Extremadura a emprender acciones judiciales frente a dichas resoluciones. Según ha argumentado Fernández Calle, el reparto responde a criterios que considera «arbitrarios» y vinculados a intereses políticos.

Petición de pruebas de edad

Asimismo, el vicepresidente extremeño ha reclamado que se practiquen pruebas de determinación de edad a todos los menores migrantes no acompañados. En su opinión, una parte de las personas incluidas en estos programas de acogida no serían realmente menores.

Fernández Calle ha señalado que la Junta empleará todos los instrumentos políticos, administrativos y jurídicos a su alcance para intentar frenar estos traslados. Según ha defendido, la llegada de nuevos menores supondría una presión añadida para el sistema regional de protección de menores, que considera sometido a una elevada carga asistencial.

Debate abierto sobre la acogida

La cuestión del reparto de menores migrantes se ha convertido en uno de los principales asuntos de confrontación política entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. En Extremadura, el Ejecutivo autonómico sostiene que la región dispone de recursos limitados para asumir nuevas acogidas, mientras que el Gobierno defiende los mecanismos de solidaridad territorial para atender a los menores que llegan a territorios con una mayor presión migratoria.