Compañeros del Cuerpo Nacional de Policía han puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para apoyar económicamente al agente condenado por la muerte de un preso fugado en Cáceres en 2018. La iniciativa pretende ayudarle a hacer frente a más de 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil, multas y costas judiciales, tras la última resolución del Tribunal Supremo.

Uno de los promotores de la campaña es Felipe Marín, inspector de la Policía Nacional de Cáceres, quien ha explicado a Canal Extremadura, que la cantidad total asciende a casi 206.000 euros. Además, ha detallado que al agente ya le han sido embargadas las cuentas, a pesar de haber solicitado el fraccionamiento de los pagos. Según ha indicado, el policía se encuentra actualmente de baja. Los impulsores de la iniciativa consideran que se trata de una “sentencia injusta”, al entender que el disparo que causó la muerte del preso fue accidental.

La recaudación se realiza a través de la plataforma GoFundMe, donde por el momento se han superado los 7.300 euros y también se ha habilitado un número de cuenta bancaria para recibir donaciones.

Antecedentes judiciales del caso

El Tribunal Supremo dictó el pasado mes de marzo una sentencia en la que revocó la absolución acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y concluyó que los hechos constituyen un homicidio por imprudencia. De este modo, rechazó el criterio del TSJEx, que había considerado la conducta como una imprudencia leve, despenalizada desde 2015, y recordó que el agente ya había sido condenado previamente por la Audiencia Provincial de Cáceres.

La primera sentencia fue dictada en noviembre de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Cáceres declaró al policía culpable de homicidio por imprudencia menos grave, aunque el presidente de la Audiencia, Joaquín González Casso, emitió un voto particular en el que defendía la absolución al considerar legítimo el uso del arma y accidental el disparo. Tras el recurso, el TSJEx absolvió al agente en mayo de 2023, una decisión que finalmente ha sido anulada por el Supremo.

Los hechos en 2018

Los hechos se produjeron durante el traslado de un joven de 24 años, en prisión preventiva, desde el Centro Penitenciario de Cáceres hasta el Palacio de Justicia. El detenido logró huir en los aparcamientos subterráneos del edificio judicial, lo que dio lugar a una persecución en la que lanzó una piedra al agente, provocando su caída y el disparo accidental del arma, que causó la muerte del preso.

Aunque el Supremo considera acreditado que el tiro no fue intencionado, concluye que el policía actuó de forma imprudente al portar el arma sin el seguro puesto y con el dedo en el gatillo, generando un riesgo innecesario, ya que el fugado estaba desarmado y no existía un peligro real e inmediato para la vida del agente.