El líder del PSOE de Extremadura pidió hace diez días una reunión con la presidenta de la Junta para consensuar una posición sobre financiación autonómica.
Se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental por la concesión de las licencias urbanísticas para construir la que iba a ser "la planta fotovoltáica más grande de Europa".