El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha acordado la suspensión cautelar del Decreto 180/2025, aprobado por la Junta de Extremadura el pasado 16 de diciembre,  por el que la Junta ajustaba los límites de once Zonas de Especial Protección para las Aves, las zonas ZEPA. 

El alto tribunal deja sin efecto la decisión del gobierno autonómico al considerar que es posterior al hecho que se juzga. Es decir, que aunque ahora se cambie la protección, cuando se construyó el complejo Isla de Valdecañas se hizo en una Zona de Especial Protección de Aves. En opinión del tribunal la alteración de la ZEPA "puede suponer un atajo", más cuando "existen sentencias firmes previas de demolición y una valoración judicial previa sobre la ilegalidad de las edificaciones".

Según ha explicado en un comunicado Ecologistas en Acción, la Sala ha dado así la razón a la organización ecologistas, que recurrió la norma al considerarla un "fraude de ley diseñado a medida para excluir la isla del espacio protegido y, de este modo, intentar legalizar el complejo turístico Marina de Valdecañas, cuya demolición total ha sido ordenada en sentencia firme por el Tribunal Supremo y avalada por el Constitucional".

En su auto, explica Ecologistas, los magistrados de la Sala subrayan la "falta de credibilidad de la justificación técnica esgrimida" por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural. Mientras la Junta sostenía que el decreto solo pretendía "corregir errores cartográficos" derivados de imprecisiones en mapas en papel, la Sala concluye lo contrario: "No apreciamos una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el Decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes".

El tribunal añade que "la exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas". Y añade que "es evidente que existe el periculum in mora, ya que, si el Decreto entra en vigor, el fundamento de la orden de demolición podría suponer la apertura de un nuevo frente litigioso, lo que afecta a la ejecución de sentencias firmes".

El interés ambiental prevalece sobre el económico

Uno de los aspectos más destacados del auto es que exime a Ecologistas en Acción de prestar cualquier tipo de caución (fianza) para que la suspensión sea efectiva. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida cautelar tiene "como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente", y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular. 

Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción tanto en este recurso como en el procedimiento de ejecución de la demolición del complejo, ha valorado el auto señalando que "el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desnudado por completo la maniobra de la Junta. No estamos ante una corrección técnica, sino ante un fraude de ley en toda regla. La Sala habla de 'atajo', de 'extemporaneidad' y de ausencia de justificación ambiental real. Es la constatación judicial de que el decreto se redactó en un despacho, no sobre el terreno, con un único objetivo: intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho".

Exigen la demolición

Doreste añade que "esta suspensión no es la sentencia final, pero es un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta". Y destaca que "ahora toca ir a la sentencia de fondo para que se declare la nulidad radical del decreto, y exigir de una vez por todas que se ejecute la demolición. Ni una piedra se ha movido aún, y eso es ya una vergüenza nacional".

Para Julio César Pintos, coordinador regional de Ecologistas en Acción de Extremadura, "la Junta ha sido pillada in fraganti" y el auto, a su juicio, "deja claro que los tribunales no están dispuestos a tolerar que se utilicen procedimientos cartográficos pretendidamente neutros para vaciar de contenido sentencias firmes del Supremo". "Ecologistas en Acción exigimos que, de una vez por todas, se cumpla la ley y se proceda a la demolición total del complejo. No vamos a permitir que se sigan buscando excusas ni atajos", ha sentenciado.