Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una presunta trama dedicada a realizar empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en las localidades cacereñas de Plasencia y Malpartida de Plasencia. La operación, iniciada el pasado mes de febrero, se ha saldado con tres personas detenidas.

La investigación se puso en marcha tras detectarse irregularidades en la documentación presentada para formalizar empadronamientos en distintos domicilios de ambas localidades. A partir de ahí, los agentes iniciaron un análisis exhaustivo que permitió identificar indicios de manipulación en documentos oficiales.

Según las pesquisas, la supuesta trama utilizaba documentación presuntamente falsificada para acreditar la residencia de los solicitantes. Entre los documentos intervenidos se encontraban escrituras de viviendas y facturas de suministro eléctrico manipuladas, que habrían sido empleadas para facilitar el alta en los padrones municipales.

Además, la investigación ha revelado que los implicados cobraban alrededor de 150 euros por cada empadronamiento, con el objetivo de ayudar a los beneficiarios a regularizar su situación administrativa en España de forma irregular.

Como resultado de la operación, ha sido detenida una mujer de 30 años y dos varones de 28 y 29 años, respectivamente, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los agentes continúan analizando la documentación intervenida durante el operativo, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos. Las diligencias ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia. La operación ha sido desarrollada de manera conjunta por Guardia Civil y Policía Nacional, dentro del marco de colaboración habitual entre ambos cuerpos para combatir el fraude documental y la inmigración irregular, y ha contado también con la colaboración de la Policía Local de Plasencia.

Estas actuaciones han permitido no solo destapar la presunta falsificación de documentos oficiales, sino también evitar que se consolidaran situaciones administrativas obtenidas de manera fraudulenta.