La familia del menor fallecido en 2020 en el Canal de Orellana, ha denunciado la "falta de sensibilidad" de la comunidad de regantes tras recurrir la condena que pesa sobre la organización ante el Tribunal Supremo.

A través de un comunicado, la familia ha señalado que el joven falleció el 20 de junio de 2020 en las inmediaciones del Canal de Orellana, a la altura de la pedanía de Hernán Cortés (término municipal de Don Benito), tras lanzarse al agua para intentar rescatar a uno de sus amigos, Jorge González Vaca, que había caído al agua y que también falleció como consecuencia de los hechos.

Los hechos, según narra la familia, acontecieron en un tramo del canal catalogado de alta peligrosidad, "carente de elementos de agarre, señalización preventiva o herramientas de salvamento".

Condena de la Audiencia Nacional

Tras un proceso judicial, iniciado por los familiares en la vía contencioso-administrativa, los tribunales determinaron la existencia de responsabilidad patrimonial y condenaron de forma conjunta y solidaria a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y a la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana al pago de la correspondiente indemnización.

El último tribunal en pronunciarse ha sido la Audiencia Nacional que, a 30 de junio de 2026, ha estimado el recurso presentado por la familia de Gonzalo, condenando a ambos organismos a indemnizar solidariamente con 187.947 euros, más los intereses legales que se hayan generado desde la fecha de reclamación administrativa, el 29 de marzo de 2021.

La familia ha afirmado que, mientras la Confederación Hidrográfica ha asumido la resolución judicial sin interponer recurso alguno, la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana "ha optado por prolongar el procedimiento judicial acudiendo al Supremo".

En su recurso, la entidad "intenta eludir su condena aduciendo que no tiene responsabilidad pasiva por no ser sujeto pasivo de la instalación", ha afirmado la familia.

Críticas por los datos incluidos en el recurso

Además, también han acusado a la comunidad de regantes de "intentar influir" en la decisión del Alto Tribunal al "alterar datos fundamentales de la víctima". En concreto, ha señalado que el recurso recogería que Gonzalo Calle tendría 17 años en el momento del suceso, y no los 15 años que tenía realmente.

"Esta inexactitud altera la apreciación de la capacidad de juicio y tutela del menor, buscando favorecer artificialmente la admisión a trámite de la casación", ha criticado la familia.

"Nos parece una falta de humanidad y de sensibilidad desgarradora. Alegar que no tienen responsabilidad pasiva y mentir al Tribunal Supremo sobre la edad de un niño de 15 años para aparentar que era casi mayor de edad solo para condicionar la admisión del recurso y evitar pagar la mitad de una indemnización ya dictaminada, demuestra que prefieren gastar en abogados antes que asumir su responsabilidad y proteger el canal", han remarcado los familiares.