CEOE y Cepyme califican de "inadmisible" la huelga general anunciada este lunes por los sindicatos mayoritarios, porque consideran que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra el Gobierno.

Según advierten las patronales en un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda, y ponen en duda su "encaje jurídico".

Al tratarse de cuestiones cuya competencia corresponde a la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial y que, por tanto, las reivindicaciones "no son, en esencia, de naturaleza laboral".

Asimismo, CEOE y Cepyme avisan de que, con la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, resulta "difícilmente justificable" emplear la actividad económica "como tablero para influir en un proceso electoral que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".

Las organizaciones empresariales aseguran que analizarán con detalle la convocatoria definitiva de huelga, sus objetivos concretos y el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.