El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas el borrador del acuerdo para la reforma del sistema de financiación autonómica, según confirman fuentes del departamento que dirige Arcadi España. Este paso abre un nuevo proceso de negociación con las regiones antes de su tramitación definitiva.

Tras el envío del documento, el próximo 14 de julio está prevista una reunión del comité técnico para analizar la propuesta. Asimismo, el día 29 de julio, los consejeros autonómicos abordarán el texto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El ministro ha señalado que el Gobierno mantiene su disposición a dialogar con todas las comunidades, tanto por vía telefónica como en encuentros bilaterales, para resolver dudas y recoger aportaciones.

Desde Hacienda han explicado que algunas de las propuestas trasladadas por las comunidades ya se están estudiando y podrían incorporarse al texto final. El objetivo del Ejecutivo es que, tras su paso por el CPFF, el nuevo modelo sea aprobado en el Consejo de Ministros después del verano y continúe su tramitación en el Congreso de los Diputados, con la previsión de que entre en vigor en 2027.

Más recursos y cambios en los impuestos

Si se aplica el nuevo sistema, las comunidades autónomas recibirían 20.975 millones de euros más que con el modelo actual. En total, los ingresos alcanzarían unos 224.500 millones de euros, muy por encima de los 152.484 millones registrados en 2023, año base utilizado para calcular las necesidades de financiación.

Entre las principales medidas, el Gobierno plantea elevar el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, reforzando así los recursos de las administraciones regionales. Además, se incorpora a la cesta de impuestos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades de juego y el de residuos en vertedero.

Nueva población ajustada

Otra de las claves de la reforma es la actualización del concepto de población ajustada, que determina las necesidades de financiación de cada territorio. El Ejecutivo ha señalado que el nuevo modelo reduciría las diferencias de financiación por habitante en un 50% respecto al sistema vigente.

Entre las novedades, se amplían los grupos de población protegida, se incorporan nuevos criterios en el ámbito educativo, como el número de estudiantes universitarios o de formación profesional y se modifican los tramos de edad en los servicios sociales, diferenciando entre personas de 65 a 79 años y mayores de 80.

También se añade un nuevo indicador, con un peso del 1,5%, que tiene en cuenta el número de parados sin prestación, así como factores como la superficie, la dispersión, la insularidad o los costes fijos, ligados a la dificultad de algunas comunidades para lograr economías de escala.

Gestión compartida y mayor coordinación

En el ámbito tributario, el Gobierno introduce la posibilidad de una caja compartida para el IRPF, que permitirá que los ingresos se distribuyan de forma simultánea entre el Estado y las comunidades autónomas. Cada territorio podrá decidir su participación en este sistema durante un periodo de cinco años.

Además, se prevé adelantar las liquidaciones y desarrollar un modelo de gestión en red entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. Con ello, se busca que las comunidades asuman un mayor peso en la gestión de los impuestos cedidos, en coordinación con la Administración central.