CARBURANTES
Entran en vigor las nuevas ayudas a los carburantes
Las nuevas medidas incluyen descuentos al combustible, límites al precio del gas y la bombona de butano, además de ayudas al transporte y al sector agrario
Canal Extremadura
El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento de los precios derivado de la guerra en Irán entra en vigor este jueves. El plan contempla la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y al gasóleo hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y del precio de la bombona de butano.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido el alcance del paquete de ayudas. "Es un esfuerzo que en su totalidad estaría suponiendo más de 12.000 millones de euros a las arcas públicas, un plan de protección ambicioso para hogares y empresas, a la vez que seguimos con ese impulso para garantizar la soberanía energética y la electrificación de nuestra economía", ha señalado.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación alcanzó en septiembre el 4,9% interanual, su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes.
Rebaja temporal para gasolina y gasóleo
El decreto mantiene una reducción en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro durante octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre para gasolina y gasóleo.
Además, incorpora una cláusula de salvaguarda automática. "Si los precios suben por encima del 15%, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre", ha explicado Cuerpo.
Tope al precio del gas y del butano
El Ejecutivo recupera dos medidas aplicadas durante los momentos más intensos de la guerra en Ucrania. Por un lado, limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para evitar un fuerte incremento en la factura de hogares y pequeñas empresas.
De esta forma, el aumento de la cotización del gas en la fórmula no podrá superar inicialmente el 35%, lo que permitirá contener la subida de la tarifa en torno al 15%. En las siguientes revisiones trimestrales, el incremento máximo quedará limitado al 15% hasta restablecer el equilibrio económico del sistema.
Por otro lado, el Gobierno fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027. Actualmente, su precio se sitúa en 18,84 euros.
Rebajas fiscales en la factura eléctrica
El decreto también mantiene una cláusula de protección para los consumidores de electricidad y gas. Si el IPC de septiembre de 2026 supera en un 15% al registrado un año antes, el IVA de la electricidad y el gas se reducirá del 21% al 10%, mientras que el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.
Estas medidas beneficiarán a los suministros con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y a los perceptores del bono social. La rebaja del IVA se aplicará igualmente al gas natural, pellets, briquetas y leña.
Ayudas al transporte y al sector primario
El Gobierno también prorroga las ayudas destinadas a los sectores más afectados por el aumento de costes energéticos.
En el transporte profesional terrestre continuará la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos, mientras que se mantienen los apoyos al transporte marítimo y ferroviario.
Asimismo, se extiende hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrario y la ayuda compensatoria destinada a los armadores pesqueros.
Como novedad, se crea una línea específica para el ferrocarril de mercancías que contempla una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel, una reivindicación planteada por el sector.
Supervisión de los mercados energético y alimentario
El Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dos nuevos estudios. El primero analizará la formación de precios en el mercado energético, tanto mayorista como minorista, mientras que el segundo evaluará el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Según ha explicado el ministro de Economía, el objetivo es reforzar la vigilancia sobre la evolución de los precios y mejorar la eficacia de las medidas adoptadas para proteger a consumidores y empresas.