El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por su implicación en el conocido como 'caso mascarillas', una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos durante la pandemia. En la misma sentencia, el alto tribunal impone 19 años y ocho meses de cárcel a su exasesor Koldo García y cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama.

La resolución, adoptada por unanimidad por la Sala de lo Penal tras un juicio celebrado entre abril y mayo que se prolongó durante 14 sesiones, considera probado que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones para cometer "graves" delitos de corrupción.

Según recoge la sentencia, la trama se benefició de la adjudicación de contratos para el suministro de 13 millones de mascarillas a través de entidades dependientes del Ministerio de Transportes, como Puertos del Estado y Adif, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

El tribunal también da por acreditado que Ábalos percibía una remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos", así como la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas. Además, señala otras contraprestaciones, como el alquiler y cesión de viviendas en distintas ciudades o acuerdos inmobiliarios entre el exministro y el empresario.

"Deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político"

En su fallo, los magistrados subrayan que el efecto más grave de estas conductas es el "deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político", al quebrar la percepción de que los cargos públicos actúan en beneficio del interés general.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, el Supremo fija en 16 años la estancia en prisión para Ábalos y en 15 años para Koldo García. En el caso de Aldama, el tribunal tiene en cuenta su colaboración con la Justicia, lo que le permite evitar el ingreso en prisión de forma provisional. Esta medida queda condicionada a que no vuelva a delinquir, realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente informes periódicos de actividad.

Durante el juicio, Ábalos y su exasesor defendieron su inocencia y solicitaron su absolución, mientras que Aldama reconoció su participación en varios delitos, lo que ha sido determinante para la aplicación de la atenuante en su condena.