El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar la filtración de los mensajes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del 'caso Plus Ultra', mientras la defensa del propio exmandatario ha solicitado la nulidad de la causa por presunta vulneración de derechos fundamentales.

El juez ha acordado que se investigue "el origen", "eventual carácter delictivo" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar, "dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas". El magistrado acuerda también que se forme una pieza de "información sensible" en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

Fue este jueves cuando se dio a conocer el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre presuntas influencias del expresidente socialista con el Gobierno de Bolivia para ayudar presuntamente a una empresa peruana. En el atestado, se incorporó una carpeta con anexos que incluía, entre otros archivos, los mensajes de Zapatero con su secretaria durante el periodo investigado. "En el presente caso, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer", advierte.

Vulneración de derechos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la nulidad del 'caso Plus Ultra' por presunta vulneración de derechos fundamentales. Así lo ha hecho este jueves el exlíder socialista, investigado en la causa. Zapatero pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

Asimismo, solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.

La defensa del expresidente considera que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente".