El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves, 18 de junio, el decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para 2026, que ascenderán hasta 157.731 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a vivienda.

El texto está en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el pasado 3 de junio, pero como todo decreto ley debe someterse al examen del Congreso en un plazo máximo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga.

Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite a las comunidades autónomas —a excepción de los regímenes forales de País Vasco y Navarra— recibir de forma anticipada parte de los fondos que les corresponden del sistema de financiación autonómica, como la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido del IVA y otros impuestos.

En la exposición de motivos, el Gobierno sostiene que los Presupuestos son el “instrumento necesario” para dotar a autonomías y entidades locales de los recursos del sistema de financiación territorial, a través de estas entregas.

Sin embargo, al estar las cuentas públicas prorrogadas desde 2023, el Ejecutivo advierte de que las entregas a cuenta “deben actualizarse porque, de no hacerlo, se generarían resultados financieros indeseados”.

Además, la propuesta permite a las entidades locales con superávit en 2025 destinarlo a inversiones financieramente sostenibles.

Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, a la cifra de las entregas a cuenta se suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2026 alcanzaría los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que el ejercicio anterior.

El decreto que se votará en el Congreso también contempla las entregas a cuenta a entidades locales, que ascienden a 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior.

En cuanto al superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos de 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Estas inversiones podrán dirigirse a ámbitos como el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil o infraestructuras, entre otros.

Esta medida, según Hacienda, puede afectar a más de 2.540 entidades locales, con un volumen de recursos de unos 3.000 millones de euros.

Asimismo, se ha habilitado un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar ese remanente a políticas de vivienda, con un plazo de ejecución de hasta cuatro años.