El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este jueves de forma definitiva la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor en julio de 2027 y que solo se activará cuando los parámetros medioambientales indiquen niveles elevados de emisiones contaminantes.

La ordenanza, que ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE y Unidas por Mérida, el voto en contra de Vox y XMérida y la abstención del PP.

La Zona de Bajas Emisiones de Mérida ocupa un espacio de 30,7 hectáreas, aunque el proyecto recoge una ampliación en casos excepcionales de contaminación mucho más grande (90 hectáreas), que queda delimitado por el perímetro que forman las calles Suárez Somonte, John Lennon, Plaza de España, Calle del Puente, Morería, Almendralejo, avenida de Extremadura, Rambla de la Mártir Santa Eulalia, Puerta de la Villa, calle José Ramón Mélida y Paseo de Sáez de Buruaga.

La zona de ampliación la constituyen calle Almendralejo, avenida de Extremadura, calle Cabo Verde, Octavio Augusto, avenida Reina Sofía, calle Oviedo, calle Graciano, Plaza del Rastro, calle Cava y Paseo de Roma.

Según el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que ha tomado la palabra en la sesión plenaria, la ordenanza está sustentada en tres ejes principales. El primero de ellos establece que la Zona de Bajas Emisiones solo se activará cuando los indicadores medioambientales reflejen altos niveles de contaminación, siguiendo el modelo implantado en otras ciudades españolas.

Asimismo, la normativa garantiza que todos los vecinos de Mérida que tengan sus vehículos empadronados en la ciudad y abonen el impuesto municipal de circulación no tendrán "ninguna limitación de acceso".

Del mismo modo, Osuna ha añadido que tampoco habrá restricciones para comerciantes, residentes de las calles afectadas, propietarios, trabajadores o vehículos de carga y descarga que cuenten con la correspondiente autorización municipal, incluso aunque no sean de Mérida.

Por último, las personas que desarrollen cualquier actividad comercial en Mérida podrán acceder con sus vehículos mediante una autorización previa solicitada a la Policía Local, a través del correo electrónico, o utilizando los aparcamientos públicos habilitados.

"Cualquier vehículo que acceda de manera puntual dispondrá de un margen de 30 minutos para realizar gestiones o abandonar la zona sin restricciones", ha explicado Rodríguez Osuna.

A su vez, ha asegurado que las medidas previstas serán beneficiosas para la población, ya que, "no perjudicará a la ciudadanía, el sector comercial ni la actividad económica".

Por su parte, el delegado de Movilidad Urbana Sostenible, Felipe González, ha asegurado que, en lo relativo a la protección de datos y al control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, "la información solo podrá ser utilizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo orden judicial". Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento de Mérida "no tendrá acceso a las imágenes".

Durante su intervención, la portavoz del grupo municipal Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha valorado positivamente las ayudas al etiquetado de los vehículos, en caso de que sean necesarias, en el marco de la mejora de los sistemas de medición de la contaminación en la ciudad y para la lucha contra los efectos del cambio climático.

El portavoz del grupo municipal XMérida, Miguel Valdés, ha asegurado que la ordenanza "nace coja y gravemente enferma" por su dependencia de un sistema de cámaras y software de control en la Zona de Bajas Emisiones, y ha cuestionado las garantías en materia de protección de datos.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Vox, Marta Garrido, ha presentado varias reclamaciones relativas a la calidad del aire, la delimitación del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones y la implantación de la plataforma única, así como a la eliminación de aparcamientos.

Así, ha señalado que la delimitación del aparcamiento afecta al centro de la ciudad, al considerar que "la intensidad del tráfico en la zona no justificaría su inclusión", y ha indicado que "podrían haberse contemplado otras áreas con mayores niveles de emisiones contaminantes".

El portavoz del Partido Popular, Santiago Amaro, ha cuestionado el modelo de implantación de la Zona de Bajas Emisiones, al considerar que la normativa "no obliga a llevar a cabo grandes zonas peatonales ni a extender de forma permanente plataformas únicas en el centro urbano".

A su vez, Amaro ha criticado que la ordenanza se está utilizando como "una excusa para implantar un modelo urbano que podría perjudicar la actividad económica y deteriorar progresivamente el centro de la ciudad".

Con todo esto, el delegado de Movilidad Urbana Sostenible, Felipe González, ha aclarado que se implantarán mediciones reales de control en la calidad del aire, "lo que permitirá disponer de datos objetivos sobre la situación ambiental de la ciudad".

Además, González ha defendido el modelo de transformación urbana de la ciudad, recordando que "gran parte de las actuaciones de peatonalización y reordenación del centro se iniciaron hace décadas, incluso durante anteriores gobiernos municipales".

"Las licencias de actividad económica y de apertura siguen creciendo, y el paro está bajando en la ciudad desde 2015", ha añadido., Asimismo, ha destacado que la ordenanza "mejorará la accesibilidad y la organización del tráfico en la ciudad, permitiendo una gestión más flexible y participativa".