Cerca de un centenar de personas se han concentrado este jueves en Mérida para reivindicar el derecho a una vivienda digna y denunciar la situación que atraviesa el acceso a la vivienda en España. La protesta se ha desarrollado de forma simultánea en una docena de ciudades españolas y llega después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar la casa en la que había residido durante siete décadas en Madrid. 

Los asistentes han denunciado la crisis habitacional, el aumento de los precios del alquiler y la actuación de los denominados fondos buitre, al tiempo que han reclamado a las administraciones medidas para garantizar el acceso a una vivienda. El activista Rafael González ha señalado que el problema de la vivienda requiere una intervención pública más decidida y plantea medidas como la expropiación de viviendas en manos de grandes fondos de inversión y la ampliación de los alquileres sociales. "El problema de la vivienda no puede seguir así. Hay que poner una solución, facilitar que la gente tenga acceso a una vivienda digna".

Asimismo, ha denunciado que los precios actuales dificultan especialmente la emancipación de los jóvenes. "Los alquileres están por las nubes. Como máximo puedes aspirar a compartir piso; ya no puedes comprarte una casa".

"La vivienda no es un negocio"

Por su parte, la activista María Burgos ha pedido tanto al Gobierno central como a los gobiernos de las comunidades autónomas que impulsen medidas de regulación del mercado. "Exigimos a los gobiernos de las comunidades autónomas y al Gobierno central que el mercado esté regulado, porque nadie tiene derecho a cobrar hasta 3.000 euros a personas que no pueden pagarlo".

Burgos defiende también que la vivienda debe considerarse un derecho básico y no un bien destinado a la especulación. "La vivienda no es un negocio, es un derecho. Mientras haya gente en la calle sin vivienda, no podemos permitir que otros estén haciendo negocio", ha concluido.