La justicia europea cuestiona exigir años de residencia para acceder a ayudas sociales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado discriminatorio exigir diez años de residencia a ciudadanos no nacionales para acceder a determinadas ayudas sociales

Internacional
Redacción Canal Extremadura
7 Mayo 2026, 19:40 | Actualizado 7 Mayo 2026, 21:49

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado discriminatorio exigir diez años de residencia a ciudadanos no nacionales para acceder a determinadas ayudas sociales. Una sentencia que podría poner en cuestión el concepto de “prioridad nacional” incluido en acuerdos de gobierno autonómicos entre PP y Vox, como ocurre en Extremadura y Aragón. El fallo responde a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal italiano sobre el caso de un refugiado al que la administración retiró una ayuda de inserción social al no cumplir el requisito de haber residido durante diez años en el país.

El TJUE considera que esta exigencia afecta especialmente a las personas extranjeras y constituye una discriminación indirecta contraria al derecho comunitario. La sentencia recuerda que el principio de igualdad protege tanto a ciudadanos nacionales como a refugiados procedentes de países extracomunitarios. Según el tribunal europeo, exigir un determinado tiempo de arraigo para acceder a prestaciones sociales vulnera la normativa europea al dificultar el acceso de los refugiados a derechos básicos en igualdad de condiciones.

Valoraciones políticas

Tras conocerse esta resolución, los grupos parlamentarios extremeños  se han pronunciado sobre las posibles implicaciones que podría tener sobre el concepto de “prioridad nacional” acordado entre PP y Vox. El portavoz del Grupo Popular en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que cualquier medida pactada estará siempre sujeta a la legalidad vigente. Todo lo que se lleve a cabo tendrá que respetar el marco jurídico, ha señalado.

Desde la oposición, la sentencia ha sido recibida con satisfacción. El PSOE extremeño asegura que impulsará un comité de expertos jurídicos para analizar y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados entre PP y Vox, al considerar que podrían ser incompatibles con la legislación europea.

Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha insistido en que el concepto de “prioridad nacional” es “racista” y contrario a los principios de igualdad. De momento, el grupo parlamentario Vox en Extremadura no ha respondido a las preguntas planteadas sobre esta sentencia europea.